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"El ejercicio profesional reclamará cada vez más el uso de tecnologías"

Ámbito Jurídico entrevistó a José Vicente Barreto, director del Departamento de Derecho, quien habló sobre  el nuevo perfil profesional del abogado teniendo en cuenta la disrupción digital y las TIC.

josé vicente barreto

 

José Vicente Barreto se considera un profesional comprometido con el valor del Derecho como herramienta social para la solución pacífica de los conflictos que se presentan en toda sociedad.

Las circunstancias de la vida, recuerda, lo conectaron en el campo de la docencia desde hace más de tres décadas. Actualmente, se encuentra al frente de la Dirección del Departamento de Derecho de la Universidad Central, escenario en el que ha contribuido a la renovación del registro calificado para la carrera por siete años más, y a la acreditación de alta calidad de esta misma institución universitaria

Ámbito Jurídico: La Universidad Central ha graduado a sus primeros abogados, ¿cómo establecer las competencias y los valores que definirán a estos nuevos profesionales del mundo jurídico?

José Vicente Barreto: El reto es grande, porque hay varias universidades que forman en Derecho y hay bastantes graduados en este campo, pero estamos asumiéndolo, respetando la libertad de escoger profesión u oficio. En nuestra universidad, esta carrera tiene un enfoque orientado hacia lo económico, financiero, comercial y tributario que, en convergencia con los procesos de globalización, seguramente contribuirá a fortalecer las competencias para un desempeño profesional exitoso. ç

El plan de estudios contempla, además de la estructura básica de la carrera, reflexiones sobre la responsabilidad ética de la profesión. Esperamos que esta cátedra contribuya a entender los fundamentos y beneficios del comportamiento ético y los riesgos que acarrea el mal uso de la profesión.

En el último semestre de carrera ofrecemos también una cátedra sobre gerencia jurídica y la oferta virtual de servicios profesionales. Las informaciones que tenemos de nuestros egresados es que todos están laboralmente ocupados en su profesión, pero como es natural, siempre están tratando de mejorar su situación.

Á. J.: La disrupción digital y las TIC en el Derecho ya son una realidad por el coronavirus, ¿cómo debe ser el nuevo perfil profesional del abogado en esta materia?

J. V. B.: Un interrogante muy oportuno en esta coyuntura. Algún sociólogo dijo que tenemos estudiantes del siglo XXI, con docentes del siglo XX y medios de enseñanza del siglo XIX.

Pero las exigencias del mercado, las innovaciones en educación y esta desafortunada coyuntura de salud están evidenciando una gran interrogante para la educación: ¿el coronavirus es una necesidad o conveniencia de los procesos virtuales de aprendizaje y el uso de las tecnologías para la formación? Ahora bien, el solo uso del medio no garantiza ni la innovación, ni la calidad.

Paradójicamente, ahora se están percibiendo las ventajas de la presencialidad. Las universidades, y la nuestra no es excepción, ya tienen departamentos de virtualidad y apoyos de pedagogía para la formación docente. Además, se están vinculando muchos docentes jóvenes con pericia en los nuevos sistemas y bajo los parámetros de una visión constructivista, proactiva y de participación.

Á. J.: ¿Qué enseñanzas deja esta emergencia sanitaria?

J. V. B.: Esta emergencia sanitaria ha obligado a todas las universidades a hacer marchas forzadas y, como en toda marcha, hay vanguardia y retaguardia.

Muchos docentes ya están capacitados y han sacado provecho de la disminución de tiempo en desplazamientos y de las ventajas que ofrece la tecnología; pero otros, un poco rezagados, han tenido que adecuarse, con el apoyo de los departamentos de virtualidad, pero también de sus propios alumnos.

No obstante, los problemas de conectividad, los casos de estudiantes que no tienen internet o las situaciones sicológicas de hablar todo el tiempo a una pantalla también generan cierto tipo de estrés, tanto en docentes como en estudiantes.

El ejercicio profesional reclamará cada vez más el uso de tecnologías, para atender consultas, para la realización y remisión de pruebas, para el análisis de casos y de jurisprudencia, y, por eso, también tenemos espacios de capacitación en informática jurídica y derecho informático.

Á. J.: ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de diseñar y aplicar el examen habilitante para ejercer la profesión?

J. V. B.: Es un tema muy controvertido. Nadie podría oponerse a la preocupación por mejorar la calidad de los egresados en Derecho o en cualquier profesión; sin embargo, se tienen ciertos reparos sobre este examen: ¿porqué para unas carreras sí y para otras no? Si el sistema de educación establece la necesidad del registro calificado y la opción de acreditación de alta calidad, los cuales implican grandes esfuerzos académicos y tienen sus costos económicos, y si estos reconocimientos se obtienen con visita de pares y verificación de cumplimiento, pues hay una contradicción, porque de una parte se está certificando la calidad de un proceso, pero, de otra, por desconfianza, se establece un examen más.

No obstante, estamos preparados para esta situación, porque, dentro de los requisitos de grado, se tienen los exámenes preparatorios, que son precisamente eso: un examen integrado de los conocimientos jurídicos que servirá de antesala para el examen de Estado.

Para la elaboración del examen, será necesario que se tenga en cuenta la opinión de las universidades y que haya unas comisiones de estudios para la elaboración de las pruebas, pues se corre el riesgo de estructurarse como un ejercicio meramente teórico, y cognitivo en desmedro de otras competencias fundamentales en el ejercicio de la profesión, tales como las competencias comunicativas, argumentativas, éticas y las mismas competencias ciudadanas.

Á. J.: Cada año incrementan las sanciones disciplinarias contra abogados, ¿cuál es el papel de la academia para contrarrestar esta realidad que desmejora la honorabilidad de la justicia?

J. V. B.: A propósito, recuerdo un aforismo que dice: “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Y es que los escándalos en la Rama Judicial, los sistemas de elección de jueces y magistrados y el mismo comportamiento de algunos clientes, contribuyen a crear un ambiente enrarecido. Aquí la tarea no es solo de las universidades. Como bien sabemos, la formación en valores no comienza en la universidad, sino desde el hogar mismo.

En las aulas tratamos de fortalecer este aspecto, pero todos sabemos que obtener la máxima nota en el espacio académico de ética no garantiza un ejercicio ético de la profesión. Aquí utilizamos el análisis de casos para estudiar estos comportamientos y sus consecuencias que pueden acarrear hasta el retiro de la tarjeta: una vida y un esfuerzo perdidos. Se trata de ayudar a los estudiantes a modelar su propio juicio. Además, no se trata de inducir a una obediencia ciega a deberes, sino a propiciar el fortalecimiento de un carácter que nos posibilite vivir mejor en sociedad y con la debida autonomía para juzgar qué consideramos correcto. Ética y Derecho no son lo mismo. Una moral, para ser efectiva, no debiera ser impuesta desde fuera.

Se trata de construir una ética civil en la que, a través de la intersubjetividad, del diálogo, de los consensos, logremos afirmaciones que no valgan solo para uno mismo. Como sostiene Adela Cortina, se trata de “tener la convicción de que se deben respetar los diversos ideales de vida de los conciudadanos por muy diferentes que sean de los propios, con tal que tales ideales se atengan a unos mínimos compartidos”. Esto nos conecta con la justicia social, con una ética de mínimos, con unos valores morales compartidos entre los ciudadanos, que nos permitan convivir y trabajar y construir juntos.

Á. J.: ¿En qué deben cambiar o avanzar los diseños curriculares de los programas de Derecho?

J. V. B.: Cada universidad tiene su enfoque y sus metodologías. No se trata de uniformizarlas a todas, porque se pierde la riqueza de la diversidad y las posibilidades de la creatividad. Sin embargo, si es necesario hacer más acercamiento de las teorías, análisis y argumentaciones con las realidades, con los problemas reales.

En derecho una cultura puramente libresca podrá servir de algo para la docencia, pero no para las exigencias de la práctica profesional. Estamos fortaleciendo la investigación formativa, orientada a la investigación sociojurídica, es decir, originada en problemas reales de nuestra sociedad y del derecho y proponiendo soluciones jurídicas eficaces y efectivas.

Problemáticas relacionadas con teletrabajo, restitución de tierras, proceso de paz, equidad de género, hacen parte de nuestras actividades de formación académica. La importancia del manejo de una segunda lengua, exigida en otro examen para poder graduarse, hace necesario y conveniente fortalecer los planes y acuerdos de cooperación y movilidad tanto estudiantil como docente.

Todo esto se enmarca en los procesos de autoevaluación y en los planes de mejoramiento, cuyos diseños deben ser producto de proyectos y de procesos de investigación conectados con las necesidades del país y construidos tanto a nivel interno por directivas, estudiantes y docentes, como con el sector externo, empleador, que marca derroteros en las necesidades de ocupación. Este es un proceso que nunca se detiene.

Consulta la entrevista completa de Ámbito Jurídico en este enlace.

Juan Camilo Rivadeneira
Docente del Dpto. de Derecho
Abogado, y periodista egresado de la U. Central
Bogotá, D. C., 21 de mayo de 2020
Imágenes: Cortesía Ámbito Jurídico Ámbito Jurídico.
Última actualización:2020-06-25 15:34