Nuestros consejeros opinan

Hoy, los llamados ‘medios de comunicación de masas’ –prensa escrita, radio, televisión, multimedios– se han constituido en instrumentos de ágil y profunda penetración en todos los distintos estratos de la sociedad. Poseen un poder de alcances increíbles, potencialmente peligroso, como que se puede prestar para manipular de manera deliberada o desprevenida la opinión, en especial la franja compuesta por individuos no bien formados intelectualmente, con pobre capacidad de crítica.

Cuando los medios, adoptando una actitud paternalista, tratan a los receptores como si fueran niños o incompetentes mentales transmitiendo lo que quieren y diciéndoles qué es lo que más les conviene, pensando por ellos, están manipulándolos. Ese tipo de alienación no es extraño en el campo político; en el ámbito de la salud puede tener plena justificación ética. Para que el comunicador actúe de manera correcta debe sentir respeto por aquellos a quienes se dirige. Una información queda al amparo de cualquier sospecha ética cuando es verdadera, orientadora, carente de proclividad. Infortunadamente, esos requisitos no siempre se conjugan juntos, y entonces lo informado puede convertirse en falso, en restringido o exagerado, en desorientador o irrelevante.

En la actualidad, gracias a internet, todo tipo de información relacionada con la salud está al alcance del curioso y el investigador. Los pacientes suelen estar igual o más informados que su médico acerca de las enfermedades que padecen, creando a veces conflictos de saberes, debido a que aquellos no siempre interpretan correctamente los mensajes.

Además, cuando en los medios el informador no es experto en temas de salud, o carece de ética profesional, puede ocurrir que el afán de notoriedad, el sensacionalismo o intereses proclives lo lleven a poner en circulación información espuria, carente de respaldo científico, despertando falsas expectativas en los receptores, a veces con lamentables resultados.

Entre nosotros, hay que reconocerlo, los medios son responsables al tratarse de cuestiones atinentes a la salud. Estas suelen ser abordadas por escritores o periodistas familiarizados con el tema. Para la muestra, un botón: el asesor de la sección Salud de este periódico es un connotado médico y, a la vez, periodista titulado. Mi colega Carlos Francisco Fernández es ya un respetado personaje en el mundo de la salud y de los medios de comunicación.

A través de estas páginas y de la TV, ha hecho de la información en asuntos sanitarios una cátedra de la que se benefician millones de colombianos, incluyéndonos los médicos. Sí, cualquier tema que él trata está bien documentado y bien actualizado, lo que pone de presente el grado de responsabilidad frente a sus lectores y sus televidentes. Como producto de su misión de comunicador-docente, puso en circulación un libro en el que cuenta problemas de salud con criterio didáctico.

Aun cuando no lo he leído, puedo intuir que en sus páginas encontrará el lector maná del bueno para saciar la curiosidad sobre asuntos relacionados con las enfermedades y las maneras de prevenirlas y curarlas. Además, tratándose de un escritor ameno, que maneja con estilo coloquial los asuntos médicos –que no son siempre fáciles de entender y digerir–, grande será el provecho para quienes se embarquen en su lectura.

extrema derecha y extrema izquierda –a los que el filósofo francés Bernard-Henri Lévy llama “camisas pardas”–, que desdibujaron el movimiento con actos violentos contra vehículos públicos, monumentos y tiendas, y perjudicaron a la ciudadanía en general. Tanto allá como acá, fue necesario que el presidente de la república escuchara a los descontentos.

Sin embargo, con esta batalla no se ganó la guerra, pues continuará en otros frentes. Quiero decir que, además del problema financiero de las universidades –públicas y algunas privadas–, hay otro asunto más delicado y de mayores implicaciones: el derivado de la asombrosa revolución tecnológica, cuyos desafíos son verdaderamente preocupantes.

En la mayoría de las universidades privadas, la reducción de matrículas se acentúa cada semestre, lo cual motiva justificada alarma. Quizás la incierta situación financiera del país esté incidiendo en la aparición de dicho fenómeno. Lo que sí es seguro es que existen otros factores –al igual que ocurre en casi todos los países– causantes de incertidumbre acerca del futuro de las profesiones.

Hoy, ya se evidencia reducción de la demanda laboral en algunos campos, acompañada de irrisorias remuneraciones. Muchos jóvenes prefieren las carreras tecnológicas a las tradicionales. Por eso, a la disminución de matrículas se suma la deserción, asunto tratado recientemente en estas páginas por el exrector Carlos Angulo Galvis.

En su libro ‘La cuarta revolución industrial’, el economista alemán Klaus Schwab presagia que “antes de lo que muchos prevén, el trabajo de profesiones tan diversas como abogados, analistas financieros, médicos, periodistas, contadores, aseguradores o bibliotecarios podría ser parcial o totalmente automatizado”.

Por su parte, el historiador del futuro Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su última magistral obra, ‘21 lecciones para el siglo XXI’, despierta perplejidad al describir lo que debe esperarse en el campo de la educación en las décadas que se avecinan. Afirma, por ejemplo, que muchas de las cosas que los chicos aprenden hoy serán inútiles en 2050. Recogiendo el pensamiento de varios connotados pedagogos, concluye que las escuelas deberían dedicarse a enseñar las cuatro ces: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Según él, todo hace suponer que cambiar de profesión cada década será una necesidad, para lo cual los profesores actuales carecen de la flexibilidad mental que el siglo XXI exige, dado que son producto de un sistema educativo caduco.

Como complemento de lo anterior, cito al reconocido periodista argentino Andrés Oppenheimer (‘¡Sálvese quien pueda!’), quien también vislumbra que las universidades corren el peligro de volverse irrelevantes, sobre todo si solo ofrecen programas de carreras tradicionales. Además, la mayor parte de las clases presenciales irán siendo remplazadas por cursos en línea. Entonces, los estudiantes no tendrán que asistir a la universidad, no tendrán que pagar costosas matrículas y podrán educarse a través de plataformas independientes.

Con la Universidad Nacional, y en general con la universidad pública, fue muy considerado. Siempre estuvo pendiente de los problemas financieros que suelen aquejar el sector educativo oficial. Como algo inusual, en dos ocasiones presidió el Consejo Superior para escuchar de primera mano las necesidades de la institución. Por intervención suya, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitó un préstamo que, junto con la contrapartida asignada en el presupuesto nacional, alcanzó la cifra de 4.500 millones de pesos, es decir, 45 millones de dólares, que para la época era una suma bastante considerable.

Tal inyección financiera se destinó a programas básicos que consultaban los intereses del país: recursos agropecuarios y forestales, recursos marinos y de aguas continentales, recursos energéticos, desarrollo social e investigación en ingeniería.

La personalidad de Belisario –como se lo solía llamar en consonancia con su modestia– era ciertamente admirable, atractiva.

De sencillez campechana, el hijo de Amagá no hacía alarde de su erudición –que era mucha– en los diversos campos de la cultura. Amante de la paz como el que más, padeció la frustración de no haberla logrado en su gobierno, no obstante los empeños puestos para ello y la extrema generosidad con que lo intentó, de lo que pueden dar fe los supérstites del M-19. Ajeno a odios o envidias de cualquier tipo, era difícil que tuviera enemigos.

En alguna ocasión, desde esta columna me atreví a afirmar que Belisario era un hipomaníaco, basándome en la definición que de esta condición de la personalidad hiciera mi profesor de psiquiatría, el inolvidable Edmundo Rico: “En la hipomanía –decía– todo es ímpetu vital, facilidad de ideas y de expresión; alegría dinámica, amor por la existencia, infatigabilidad; imaginación saturada de ingenio e imágenes profusas, gracejos, ironía fina o mordaz; proyectos realizables o irrealizables; audacia sin valladares; fuerza expansiva; anhelos de superhombre y sintonía con el medioambiente”.

Releyendo ahora esa definición maestra del hipomaníaco y repasando su talante, no me queda otra alternativa que reafirmarme en el concepto de que, en efecto, era un hipomaníaco, entendiendo como tal no un estado de enfermedad mental, sino el estado permanente de un individuo que vibra y se agita orgánica y psicológicamente. Atacado de dromomanía, era un viajero incansable; trabajador infatigable, hablador cautivante, sujeto soñador...

No fue afortunado desde la posición de jefe de Estado. Bien hubiera podido decir –como lo dijo Bolívar– que él era “el hombre de las calamidades”. No por falta de capacidades físicas o intelectuales ni por ausencia de voluntad para ejecutar, el suyo fue un gobierno signado por la fatalidad, por la desgracia.

Le tocó afrontar el terremoto de Popayán, la avalancha de Armero, el asesinato de su ministro Rodrigo Lara Bonilla y la más absurda de todas: la toma demencial del Palacio de Justicia por el M-19.

El paso del tiempo, que es el depurador de los acontecimientos, dirá a ciencia cierta lo que fue su gestión de gobernante. En su condición de expresidente dio muestras de patriotismo, de ejemplar sentido de prudencia y respeto por sus sucesores, virtudes estas ausentes en el pasado reciente.

Sin embargo, estando próxima a expirar la legislatura del 2018, nada ha ocurrido. Era de suponer que por haber tres médicos en la Comisión Séptima de Cámara, el hervor último para que fuera aprobado sería más rápido, teniendo en cuenta que la ponencia ya estaba elaborada y radicada en plenaria de Cámara luego de haber sido discutida ampliamente y de haberle hecho los ajustes convenientes.

Con muy buen criterio, la mesa directiva de la comisión designó como ponentes a los médicos Jairo Cristancho, Carlos Eduardo Acosta y José Luis Correa, pero estos, olímpicamente, se declararon impedidos para cumplir el encargo “por ser médicos”. No obstante, su disculpa no fue aceptada por considerarla improcedente a la luz de un pronunciamiento del Consejo de Estado que aclara que no se genera conflicto de intereses cuando el beneficio que se persigue o se obtenga con la ley no puede ser catalogado como general, sino de carácter particular, directo e inmediato.

En otras palabras, que el beneficio que se persiga o se obtenga con la ley no derive en beneficios morales o económicos para el congresista o sus familiares o sus socios. Es obvio que con la aprobación y vigencia de la ley de ética médica, ni los médicos mencionados ni sus familiares irán a obtener beneficios. Antes bien, lo que la ley busca es meter en cintura a los que falten a ella, es decir, a los principios éticos en que se sustenta el actuar correcto de los profesionales de la medicina.

Es seguro que por ser muy corto el tiempo que resta para terminar la legislatura actual, y por estar enfrascado el Congreso en discusiones de mayor calado, el humilde proyecto que presentamos los médicos en el 2015 vuelva a ser engavetado, a la espera de que encuentre quien pueda defenderlo.

In memoriam. Registro con pesadumbre el fallecimiento de María del Rosario Ortiz Santos, con quien me unían lazos de amistad desde nuestra época –ya muy lejana– de estudiantes universitarios. Nos conocimos en los días aciagos del 8 y el 9 de junio de 1954, cuando varios jóvenes universitarios fueron inmolados por servidores del gobierno del general Rojas Pinilla. A raíz de estos acontecimientos, del seno de las universidades surgieron líderes dispuestos a luchar contra la dictadura. Fue entonces cuando, por primera vez en la historia nacional, la mujer irrumpió como protagonista en el transcurrir universitario.

Sin diferencia de género, el movimiento estudiantil asumió una valerosa oposición política. Una de las maneras para hacerlo fue a través de un periódico que, con el nombre de Nuevo Signo, fundamos algunos estudiantes de la Universidad Nacional. En ese grupo sobresalían Fabio Lozano Simonelli, José Font Castro, Francisco Posada Díaz, Diego Uribe Vargas, Juan Antonio Gómez, José J. Arizala, Gloria Bernal y María del Rosario Ortiz. La cito de última para rendirle un homenaje por ser una mujer admirable, aguerrida, que nos sirvió de ejemplo. La existencia de Nuevo Signo fue efímera. El ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez lo clausuró pronto. En cambio, mi amistad con ella perduró hasta hace algunos días. Descanse en paz.

De manera unánime avalamos los términos de la sentencia por considerar que, médica y éticamente, las tres circunstancias invocadas justificaban la práctica del aborto, ciñéndonos, eso sí, a la definición que de este registra el Diccionario terminológico de ciencias médicas (Salvat Editores): “Pérdida de la concepción antes de que el feto sea viable, es decir que el peso sea inferior a 500 g y el tiempo de gestación, inferior a 20 semanas completas (139 días contados a partir del primer día de la última menstruación)”.

Ahora, la Corte se ha pronunciado en el sentido de no fijarle límite de tiempo a la práctica del aborto, inducida por un caso que hubo de acudir a la tutela para ser resuelto, decisión que, como era de esperarse, ha suscitado ardorosa controversia a través de los medios, pues se le han dado al término ‘aborto’ connotaciones que no tiene.

Interrumpir el embarazo después de la semana 20 de la gestación no es un aborto, sino un parto inmaduro o prematuro, cuyas implicaciones técnicas, éticas y legales son diferentes de las que apareja aquel.

Precisamente, para los médicos es imposible atender la sentencia de un juez que, vía tutela, ordena que le sea practicado un aborto a una gestante con seis o siete meses de embarazo. De haberse utilizado, mejor, el término ‘interrupción del embarazo’, hubiera quedado claro el asunto, sin que ello significara que para el médico se hubieran suprimido los inconvenientes técnicos y éticos que le impedían practicarlo, aun estando presente una de las tres causales invocadas por la Corte en 2006: que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre (“aborto terapéutico”), que se acompañe de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina (“aborto piadoso”) y que sea producto de violación (“aborto por resarcimiento o reparación”).

Es válido que esta última causa tenga un condicionamiento distinto de las otras dos.

Aquí, la interrupción del embarazo debe ser solicitada siempre antes de la semana 20. No es infrecuente que la solicitud se haga bien avanzada la gestación, invocando como causal una violación, quedando fácilmente al descubierto que se trata de un fraude y se pretende asaltar la buena fe del médico.

En mi libro Catecismo de ética médica (Editorial Herder, Barcelona, 2000) traté a fondo el tema del aborto. Allí registré que, desde el punto de vista ético, no existe un terreno medio, neutral, que permita llegar a un acuerdo sobre la moralidad del aborto, provocado por cualquiera de sus múltiples causas. Es un problema jurídico, ético y sanitario creado por la sociedad y que ni el Estado ni la Iglesia han podido resolver.

El médico, infortunadamente, ha venido siendo utilizado como instrumento de solución, con todas las implicaciones que ello trae consigo. Para él, la práctica del aborto se constituye, quiéralo o no, en un conflicto de conciencia que debe resolver a la luz de sus principios éticos y de las normas que la sociedad y la profesión han establecido. Y, tratándose de interrupciones que van más allá de los límites del aborto, ha de obrar aceptando su permisividad tan solo por razones excepcionales, evidentemente justificadas.

muro de su residencia –a la entrada a Bogotá por la calle 80–, a manera de admonición y advertencia, colgó el siguiente letrero: ‘Señor grafitero, no confunda el arte urbano con el vandalismo’.

Hace un par de meses, la opinión pública se conmovió al enterarse de que en Medellín, tres jóvenes grafiteros, venidos de la capital, habían perdido la vida al ingresar clandestinamente al sistema del metro en horas de la madrugada y ser arrollados por un bus cuando intentaban pintar grafitis en los vagones estacionados en Aguacatala y Poblado. Los tres pertenecían a un combo o colectivo dedicado al bombing, es decir, a pintar grafitis en cualquier parte, particularmente en lugares de alto riesgo, donde su hazaña fuera interpretada como ‘un bombazo’.

Para mí, tan dolorosa noticia no fue motivo de extrañeza, pues desde hace mucho tiempo vengo apesadumbrado por esos bombazos con mensajes crípticos a todo lo largo y ancho de mi Bogotá natal: en muros residenciales, portones, vallas, postes, rejas metálicas, vidrios de negocios y TransMilenio (con ácidos corrosivos), monumentos, y hasta en las paredes de los caños que atraviesan la ciudad.

Cuando leí la novela del formidable escritor español Arturo Pérez Reverte titulada El francotirador paciente (2013), entendí bien lo que significan y pretenden esos terroristas del aerosol. La novela se inicia así: “Eran lobos nocturnos, cazadores clandestinos de muros y superficies, bombarderos sin piedad que se movían en el espacio urbano, cautos, sobre las suelas silenciosas de sus deportivas”. En el libro va quedando al descubierto la increíble y desconcertante historia de esa raza especial de escritores vándalos, que pelean una fiera batalla contra la sociedad, tal como los describió uno de ellos en una pared de Nueva York en 1986.

Cuando estuvo encargado de la alcaldía de la capital, Rafael Pardo dio instrucciones en el sentido de prohibir que se pintorrearan los muros de propiedad privada, los monumentos de interés cultural y los tableros de señales de tránsito. El decreto 075 de febrero del 2013 estableció cuáles espacios estaban vedados para los grafiteros. El Código Penal, en su artículo 265, y el reciente Código de Policía se ocupan del asunto y sancionan a los transgresores. En su momento, la respuesta de estos fue: “Nosotros vamos a seguir pintando en todas partes. Eso hace parte de nuestra cultura”.

Estamos, pues, frente a un desafío, a un reto a la sociedad, venido de los componentes de una nueva cultura, que escriben en las paredes para ser alguien, como resume Pérez Reverte el significado que encierra ser grafitero.

Según Orhan Pamuk, premio nobel de literatura 2016, los letreros en las paredes son los que hacen que una ciudad lo sea de verdad, tomando como ejemplo a su querida Estambul. No estoy seguro de que tenga razón. De tenerla, ninguna ciudad de países con gobiernos totalitarios –en los que no se permite el grafiti– serían de verdad ciudades. Estoy más de acuerdo con Mario Vargas Llosa cuando afirma: “La libertad es tolerante, pero no puede serlo para quienes con su conducta la niegan” (La civilización del espectáculo).

representan decidió darle el nombre de Francisco de Paula Santander a la plaza principal del campus y erigir en ella una estatua suya, tal como ocurrió en 1973, al trasladar de predios de la facultad de Derecho una escultura de bronce elaborada por los maestros Luis Pinto Maldonado y Bernardo Viecco en 1940. De esa manera se hacía un reconocimiento de gratitud a quien, además de Hombre de las Leyes, fue llamado Fundador de la educación en Colombia, en particular de la pública. Gracias a la semilla que sembró fue posible la creación de la Universidad Nacional el 21 de septiembre de 1867.

En 1976, como producto de la efervescencia del boom castrista, un grupo de estudiantes simpatizantes de la revolución armada, e ignorantes de la historia patria, decapitaron la estatua, la echaron al suelo y luego la arrastraron hasta la calle 26, donde fue abandonada. Esa estatua reconstruida preside hoy el transcurrir de la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. Días después del desafuero, los estudiantes decidieron darle a la plaza el nombre de Che Guevara y entronizaron en ella su efigie.

A la plaza Francisco de Paula Santander, los estudiantes decidieron darle el nombre de Che Guevara y entronizaron en ella su efigie.

Desde entonces el querer arbitrario de unos pocos ha prevalecido, con la complacencia o indiferencia de las autoridades, los profesores y la casi totalidad de los estudiantes. Contados somos quienes hemos tenido el atrevimiento de declararnos en desacuerdo y reclamar el derecho que asiste a la memoria de Santander para ocupar el lugar que le corresponde. Siempre me he preguntado: ‘¿Qué debemos los colombianos al aventurero argentino Che Guevara como para que pueda suplantar el nombre y la imagen de un verdadero revolucionario, como lo fue Santander?’.

Sí, este fue el más grande revolucionario de nuestra historia. Recuérdese que a él le correspondió iniciar, en deplorable situación económica, la organización de la república en todos los órdenes. Cuando recibió el poder en 1819, el panorama general, en particular el de la educación, era francamente desolador. Si ya había dado muestras de su genio militar, el destino le dio la oportunidad para mostrar sus dotes de revolucionario civil. Fundó, a lo largo y ancho del país, escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, museos, pues para él, “el triunfo sobre la ignorancia es brillante y glorioso, y prepara la felicidad de los pueblos, que cuanto más ilustrados conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad”. Es decir, esta vez su misión de revolucionario consistió en derrotar la ignorancia. Por eso es apenas justo reclamar el derecho que le asiste de ser acogido y recordado en el seno de la más representativa de las instituciones públicas de educación superior del país.

El pedido –con visos de súplica– que de manera respetuosa hago ahora a ustedes consiste en que mediante un acto administrativo procedan a darle validez al que hicieron sus pares hace casi medio siglo, es decir, rescatando el nombre y la efigie de Francisco de Paula Santander para la plaza central del campus. Teniendo en cuenta que en el país se ha doblado ya la dolorosa página de la revolución a ultranza y soplan vientos de cordura, estoy seguro de que toda la comunidad universitaria de la Nacional respaldará el acto administrativo suscrito por ustedes.

comprometidos con su suerte. El balance que hago no puede ser exhaustivo, en razón del espacio disponible en una columna de opinión. He procurado tener en cuenta solo aquellos asuntos que he considerado relevantes.

El primer ítem del balance tiene que ver con lo bueno que se hizo, que fue mucho, pero que no es valorado con justeza en razón de que lo desdibuja el número grande de tutelas por insatisfacción con los servicios. Sin duda, el hecho más importante fue la promulgación de la Ley 1751 del 2015, o ley estatutaria, que consagró la salud como un derecho fundamental y comprometió al Estado en su preservación y desarrollo.

Otros hechos sobresalientes fueron el incremento de la cobertura de aseguramiento, lindando con la universalidad y poniéndole fin al elitismo en el campo de la salud al desterrar la atención de beneficencia o caridad; la mejora visible y mensurable de los principales indicadores de salud; el rescate para el Ministerio de Salud, gobernadores y alcaldes de la obligación de responder por la atención integral de la salud; la aprobación de una ‘Política de atención integral en salud’ (País) –hasta ahora implementada tímidamente–, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y en el Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021), orientada a centrar la atención en la persona, mediante un modelo que incluye acciones con enfoque de prevención y promoción a través de la atención primaria (Mías); la vigencia de una política de control de precios de medicamentos y dispositivos de uso médico, la depuración de EPS, la unificación de los regímenes del POS, la reversión de la autonomía médica.

El hecho más importante fue la promulgación de la Ley 1751 del 2015, o ley estatutaria, que consagró la salud como un derecho fundamental y comprometió al Estado en su preservación y desarrollo.

En cuanto a lo que queda de malo: el pesado lastre de una deuda calculada en algo más de 6 billones de pesos, la falta de una ley ordinaria que haga posible la implementación armónica de la ley estatutaria, las fallas en la atención y calidad de los servicios expresadas a través de tutelas, la falta de ruralización eficiente del sistema, rezagos inconvenientes de la Ley 100, como la mediatización y manejo de recursos a cargo de empresas privadas; trato desconsiderado del llamado ‘talento humano en salud’ desde los puntos de vista profesional y laboral.

¿Qué resta por hacer? En primer término, subsanar el estado financiero del sistema, sin lo cual no pueden funcionar eficientemente las entidades prestadoras de servicios. Igual de importante es la aprobación de una ley ordinaria que, dentro del marco de la ley estatutaria, sustituya la Ley 100 a través de un modelo de salud que de verdad haga del nuestro uno de los mejores sistemas de salud del mundo, como lo soñamos quienes forjamos la ley estatutaria. Ese modelo debe tener en cuenta, entre otras variables, las directrices del Plan Decenal de Salud. Entonces podrá contarse con subsistemas operantes tales como el financiero, el de prestación de servicios en red, el de información, el de inspección y vigilancia, el de medicamentos e implementos de uso médico, el de prestadores de servicios directos, en fin, con todo aquello que contempla la ley estatutaria.

Seguramente, la suerte del sector salud seguirá siendo protagonista en el nuevo gobierno. Los renovados Ministerio de Salud y Congreso de la República tienen ante sí y ante el país el deber de responder por tan grave compromiso.

también lo sucedido esa noche en las habitaciones del Palacio de San Carlos –entonces residencia del Libertador– y lo que a continuación fue de los protagonistas. El autor no toma partido acerca de los acontecimientos, sino que se reduce a relatarlos, dejando a criterio del lector adelantar su propio juicio.

Uno de los personajes de nuestra naciente historia republicana que de verdad admiro es el general Francisco de Paula Santander. Por eso he ahondado acerca de su vida, incluyendo el papel que desempeñara en la llamada “nefanda noche septembrina”. No hay duda –como lo confirma Vargas– de que sabía que se fraguaba una conspiración contra Bolívar por pretender imponer una Constitución semejante a la que había adoptado Bolivia, y que daba al traste con los principios democráticos que el caraqueño había defendido en otros días y eran demasiado caros para Santander y todos sus seguidores. El cucuteño no fue el inspirador del golpe. Lo aceptaba a regañadientes, pero se oponía a que se atentara contra la vida del Libertador. Desde los momentos siguientes a la intentona, los investigadores pusieron los ojos en él, por lo que al tercer día estaba detenido para ser interrogado por orden del general Rafael Urdaneta, a la sazón secretario de Guerra y Marina.

Al inculpado se le preguntó inicialmente dónde había estado y qué conducta había observado la tarde y la noche del veinticinco de septiembre. Al respecto, Mauricio Vargas solo dice que “en la noche había velado durante varias horas a su hermana Josefa, que pudo por fin dar a luz tras un complicado parto que en algún momento estuvo a punto de despacharla al otro mundo”. Como años atrás tuve la curiosidad de investigar sobre ese episodio médico, voy a permitirme adicionar algunos datos curiosos a lo relatado en el libro.

Santander hizo ante sus interrogadores un recuento muy preciso de sus actividades, adjuntando detalles simpáticos, que pintan lo que era la rutina santafereña en aquellas calendas. En el día estuvo pagando algunas visitas: al provisor Rocha, a las señoras Almeidas, a las Uricoecheas, a las Sánchez, a Genoveva Ricaurte y familia, y al doctor Viana. Estando en casa de las señoritas Mendozas, se enteró de que su hermana Josefa estaba en trance de parto. Comió muy a la ligera y salió para la casa de dicha hermana, que estaba siendo asistida por las esposas de los doctores Casimiro Calvo y Casimiro Joaquín Sánchez. La parturienta ya había dado a luz sin problema, pero se había complicado por haberse retenido la placenta. En esos tiempos, esta complicación era tratada de diferentes maneras empíricas, y solo se apelaba a la intervención médica cuando aquellas fracasaban. Avanzada ya la noche, Santander consultó al famoso profesor José Félix Merizalde, quien prescribió algo que no tuvo efecto, excusándose de hacer acto de presencia por segunda vez. Entonces acudió a un oscuro personaje francés, que era un fementido médico “graduado en Montpellier”, llamado Juan Francisco Arganil. Acudió presto, con la buena fortuna de que doña Josefa había ya expulsado la placenta. Este Arganil fue uno de los implicados en la conspiración.

El proyecto fue radicado en la Comisión Séptima del Senado el 31 de julio de 2015 con el título ‘Por medio del cual se crea el nuevo Código de Ética Médica’. Posteriormente, el 25 de mayo de 2016 fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado y en plenaria de esta corporación el 14 de diciembre. A la Cámara llegó el 27 de diciembre con el número 218. En la Comisión Séptima fue aprobado el 30 de mayo de 2017, y remitido a la Secretaría General el día siguiente.

Durante ese tránsito fueron varios los foros y las audiencias públicas realizados con el fin de escuchar a personas naturales y jurídicas interesadas en la suerte del proyecto, habiéndose atendido objeciones y sugerencias de algunas de ellas. A partir de entonces, el senador Galán, comprometido con los médicos en sacar avante el proyecto, acudió en repetidas ocasiones al presidente de la Cámara, representante Miguel Ángel Pinto, para que le diera la importancia debida en el momento de elaborar el orden del día, teniendo en cuenta que ya había surtido los trámites exigidos para su estudio final y aprobación.

Infortunadamente, entre los médicos también hay corruptos. Por eso existe desde hace 35 años un código de comportamiento que busca evitar el extravío de quienes ejercen la profesión.

Sin embargo, no ocurrió así. Siempre estuvo relegado por otros temas, de manera que nunca hubo tiempo para considerarlo, quedando a la espera de que fuera incluido en la próxima sesión. Todo hace presagiar que tampoco en la presente legislatura el despreciado proyecto de ética médica tenga aprobación.

He relatado de forma detallada el penoso y prolongado trámite que ha sufrido la aprobación de una ley de cuya importancia pareciera que muchos de los honorables parlamentarios no se hubieran percatado. Lo triste es saber que durante ese lapso se les dio prioridad a otros asuntos, muchos de ellos inanes. En el caso de su tránsito por la Cámara de representantes, quedó la sensación de que su presidente no hubiera simpatizado con el proyecto o, mejor, con quien lo lideraba, el senador Galán. De otra manera no se explica que nunca hubiera alcanzado el tiempo para ser considerado por dicha corporación.

El tema de la corrupción, es decir, de la falta de ética en todos los sectores de la sociedad, es un asunto que viene atosigando a nuestra sociedad. Tan importante será que en la reciente campaña electoral fue uno de los más trascendentes, adquiriendo los candidatos el compromiso de su erradicación, lo cual, en verdad, no se ve muy fácil. La preterición de los principios éticos se ha generalizado en forma tal que la legión de los corruptos campea a sus anchas, medrando en todos los espacios, dando la sensación de que tan funesto comportamiento es ya una costumbre arraigada y aceptada.

Infortunadamente, entre los médicos también hay corruptos. Por eso existe desde hace 35 años un código de comportamiento que busca evitar el extravío de quienes ejercen la profesión.

Como señalé atrás, nosotros mismos propiciamos su promulgación, y hoy queremos ajustarlo a las nuevas circunstancias. Gran aporte harían los honorables parlamentarios a la cruzada contra la corrupción dándole aprobación a tan importante instrumento.

No hay duda de que el trasfondo de dicha disposición es defender los intereses de la mujer que va a ser madre frente a las eventuales agresiones venidas de aquellos que están obligados a su protección: instituciones de salud y personal profesional encargado de su atención. Interpretada así, desprevenidamente, la intención que conlleva la ley propuesta es a todas luces muy loable. Sin embargo, analizada más a fondo, sus alcances son susceptibles de cuestionamientos válidos.

El proyecto de la senadora Blel Scaff, fuera de estar bien intencionado, sería una ley innecesaria e inconveniente por cuanto lo que se pretende proteger ya está protegido en leyes existentes.

En primer lugar, el título de la ley, ‘violencia obstétrica’, se presta para pensar que en nuestro medio las mujeres embarazadas son objeto de prácticas violentas por parte de los médicos y, por lo tanto, deben estar amparadas por las autoridades competentes. Su malinterpretación en nada favorecerá la relación de confianza mutua que debe existir entre el médico y su paciente. Creo que el término utilizado no fue el adecuado cuando se quiso hacer mención a incorrecciones durante el acto médico, contempladas y sancionadas en el respectivo Código de Ética, pero sin tener las implicaciones penales que conlleva la palabra ‘violencia’.

Se ha sostenido –con suficientes razones– que en la actualidad el ejercicio de la medicina se halla peligrosamente judicializado, a tal punto que son los jueces y magistrados de la República los que, a través de sus sentencias, ordenan a los médicos qué hacer frente a sus pacientes, so pena de condigno castigo.

Es cierto que no es infrecuente que los facultativos pierdan el rumbo del actuar correcto, afectando los intereses de los pacientes. Por eso existen normas propuestas por los mismos médicos y aprobadas por el Congreso, que sirven de guía para evitar el eventual extravío y además contemplan sanciones cuando se infringen. Como producto de la prevención contra los deslices médicos, existe hoy también una especialidad llamada ‘derecho médico’, que se ha constituido en un rico filón para los abogados litigantes.

El proyecto de ley de marras está enfocado en meter en cintura el ejercicio de la obstetricia, disciplina considerada como de riesgo extremo por tener que responder a la vez por dos vidas de altísimo valor social: la madre y su hijo por nacer. Explicable que la mujer embarazada, en la Ley Estatutaria de la Salud (Ley 1751), esté considerada como ‘sujeto de especial protección’ y, por lo mismo, todos sus derechos fundamentales estén contemplados allí.

De igual forma, las situaciones que en el proceso de atención obstétrica cataloga el PL 147-17 como de violencia están inmersas en el Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981), sin esa connotación exagerada.

A propósito, en el 2015 los médicos llevamos a consideración del Congreso de la República una propuesta de reforma de la Ley 23 para ponerla a tono con la situación actual. Infortunadamente, no ha corrido con buena suerte, quizás por falta de interés de los parlamentarios. Espero ocuparme, en futura columna, de esta gran frustración.

En resumen, el proyecto de la senadora Blel Scaff, fuera de estar bien intencionado, sería una ley innecesaria e inconveniente por cuanto lo que se pretende proteger ya está protegido en leyes existentes.

Como yo no debo quedarme callado, teniendo la oportunidad de dar a conocer desde esta columna de opinión mi preferencia frente a la baraja de candidatos, confieso que depositaré mi voto por Humberto de la Calle, a sabiendas de que difícilmente pasará a la segunda vuelta. Varias razones me han llevado a tomar esa determinación.

Me considero liberal de tiempo completo, como mi abuelo, como mi padre, y como los grandes jefes del partido que tuve la oportunidad de seguir con atención: López Pumarejo, Echandía, Gaitán, Alberto y Carlos Lleras, Galán... Lastimosamente, el Gran Partido Liberal se vino a menos, quedando convertido en hueste diseminada y perpleja. Muy pocos líderes mantienen vigente el ideario de los patricios que le dieron gloria. Uno de ellos es Humberto de la Calle, a quien buena parte de sus correligionarios abandonaron para medrar bajo otras toldas.

Además de sus condiciones y experiencias como estadista, De la Calle tiene la virtud de la templanza. Conserva el temple liberal sin ofender a sus contrincantes, sin herir susceptibilidades.

La falta de adecuada organización del partido explica por qué la candidatura de De la Calle aparece en las encuestas con tan pobre acogida.

Precisamente, advertí esa virtud en él a través de sus intervenciones a lo largo de las conversaciones en La Habana. Su prestigio y sus palabras, pronunciadas con sapiencia, prudencia y convicción, lograron a la postre su eficiencia, teniendo al frente unos interlocutores duros, obcecados.

Imaginándolo en el ámbito médico, la acción de su palabra, a la manera de la catarsis verbal hipocrática, fue tan efectiva que obró como si el discurso mismo fuese un verdadero medicamento. En términos médicos, De la Calle aportó al proceso de paz el ingrediente salutífero, curativo.

Siendo su campo de acción profesional el de la política, debo resaltar que si algo caracteriza esa actividad es el empleo de la palabra como instrumento estratégico para lograr objetivos, al igual que ocurre en la medicina, con la diferencia de que en la política el logos sirve tanto para restañar heridas como para abrirlas. Y el mérito de su paciente gestión como vocero y cabeza visible del proceso de paz fue usar la palabra como bálsamo, como recurso eficaz para imponer la razón sin causar daño.

Los resultados quedaron a la vista del mundo entero, al tiempo que él, discretamente, se retiraba de la escena, como acostumbraban los médicos hipocráticos una vez cumplida su misión.

En la actual contienda política, algo semejante ha ocurrido. La palabra suya a nadie ha herido. Su mensaje es de paz, de confraternidad y de esperanza para lograr un mejor país a través de sus propuestas, todas serias y razonables, sin pizca de demagogia.

El suyo no es un liberalismo caduco, sino renovado, actualizado, de acuerdo con las necesidades de la época. La falta de adecuada organización del partido explica por qué la candidatura de De la Calle aparece en las encuestas con tan pobre acogida.

Sin embargo, votaré por él para tranquilizar mi conciencia liberal. Siento por Colombia y por los colombianos que lo hubieran dejado solo. Perdemos la oportunidad de haber tenido un gobierno manejado por un timonel experto, prudente y visionario.

A raíz de la reforma constitucional de 1968 se facultó al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes para designar a los rectores de las universidades públicas de carácter nacional, departamental y municipal, respectivamente. Luis Carlos Galán y Antonio Yepes Parra, como ministros de Educación, y Gerardo Molina, como senador, abogaron por dejar a las universidades públicas en libertad para elegir sus rectores, lo cual solo se logró en 1993.

En el 2005, la Nacional incluyó una consulta a profesores, estudiantes y egresados, que ha venido siendo malinterpretada al tomarla como mecanismo válido de elección, cuando es solo de selección. La escogencia del último rector, el profesor Ignacio Mantilla, suscitó gran malestar al ser designado por el Consejo Superior no obstante haber ocupado el tercer lugar en la consulta. Esta decisión del Consejo fue interpretada por algunos como una burla a los electores y como una jugada política del Gobierno para imponer su candidato, aprovechando que el Presidente de la República tiene dos representantes en el Consejo.

En la actualidad, la provisión del cargo de rector en la U. N. está precedida de una convocatoria pública, que puede ser atendida por todo aquel, o aquella, que llene unos requisitos obligatorios. Quienes los cumplan irán a la consulta (electrónica), advirtiendo que la abstención masiva ha sido una constante. Los cinco primeros favorecidos pasan luego a consideración del Consejo, para analizar sus hojas de vida y la visión que cada uno tenga del presente y futuro de la universidad. El mejor calificado, según criterio de la mayoría de consejeros, será elegido.

Uno de los inconvenientes anotados al mecanismo de la consulta es la contaminación inevitable por la política partidista. Para algunos profesores y estudiantes, el rector ideal es aquel que se identifique con la corriente política que profesan.

Cuando fui rector de la U. N., el Presidente de la República era quien elegía. Este mecanismo fue eliminado posteriormente, aduciéndose que conspiraba contra la autonomía institucional, y por su eventual compromiso político. En mi caso no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Siendo yo liberal, fui nombrado por un presidente conservador. Puedo dar fe de que el presidente Betancur fue extremadamente respetuoso de la autonomía y además de que estuvo cerca de las directivas de la universidad. En dos ocasiones presidió el Consejo Superior para escuchar directamente nuestras quejas. Hoy, el rector está muy distante del Presidente, dando la impresión de que el Gobierno nada tiene que ver con la universidad.

Ante la proximidad de relevo en la dirección de la U. N., bien vale la pena repensar para el futuro el mecanismo de elección del rector. Creo que la instancia indicada para nominar una terna de entre los aspirantes inscritos podría ser el Consejo de exrectores. De esa terna, el Consejo Superior, o el Presidente de la República (volviendo al régimen anterior a 1993) designaría el rector. Así se evitaría la contaminación política, que induce al descontento. En caso de que fuera el Presidente, este se sentiría más comprometido con la suerte de la universidad.

Se dice que las EPS han sido las grandes villanas del desastre del sector y para que este mejore hay que eliminarlas. Es evidente que algunas fueron culpables, pero también es cierto que otras se han desempeñado con eficacia y corrección, haciendo posible que incontables usuarios se beneficien del sistema. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Salud se desentendió de sus obligaciones, delegando funciones a las EPS y descuidando su control y vigilancia. Por eso, el sistema actual no tiene un modelo de salud determinado, sino varios modelos acomodados por las distintas EPS.

El sistema actual no tiene un modelo de salud determinado, sino varios modelos acomodados por las distintas EPS.

Es explicable, asimismo, que no haya medicina preventiva y que la prestación de los servicios esté fundamentada en la enfermedad a cargo de médicos especialistas. La atención primaria, sustrato de un buen sistema de salud, fue preterida, como lo fue también la salud pública en general.

Entonces, ¿deben desaparecer las EPS? Pienso que deben mantenerse, a condición de que se cambien las reglas de juego. Su papel de afiliadoras y aseguradoras no tiene sentido a la luz de lo establecido en la ley estatutaria, pues en ella se registró que todos los colombianos, desde el momento del nacimiento, quedan afiliados al sistema, a la vez que se les asegura que recibirán los beneficios necesarios en salud. Vale decir que el Estado es el responsable de la protección en salud, con carácter obligatorio, universal y eficiente. Usando un símil, todo colombiano nace con un chip virtual puesto que le asegura su ingreso y permanencia en el sistema de salud.

El papel de las EPS sería de operadoras, utilizando sus propias redes de servicios, además de otras privadas y todas las públicas. Sin excepción, estarían acreditadas por Minsalud y seguirían el modelo de atención impuesto por este. Los usuarios del sistema estarían en libertad de adscribirse a la EPS de su conveniencia, teniendo en cuenta el área de influencia y la calidad de los servicios. Las EPS y las compañías de seguros seguirían ofreciendo pólizas de seguros de salud, modalidad prepago, lo cual alivia la carga financiera del sistema.

Del concurso eficiente de los prestadores directos de los servicios –o recurso humano– depende en buena parte la bondad del sistema. No obstante venir siendo maltratados desde los inicios de la Ley 100, el personal médico y demás componentes de dicho recurso han aportado su contribución con eficiencia y consagración. Su vinculación al sistema se ha hecho a través de intermediarios, en condiciones francamente leoninas. El médico trabajador carece de prestaciones laborales, es decir, de seguridad social, vacaciones, primas legales, cesantía, pago oportuno de sus servicios. La satisfacción de los pacientes es muy importante, sí, pero ella no se consigue a plenitud si quienes les prestan los servicios no trabajan satisfechos. Para corregir esta injusticia, los ministerios de Salud y del Trabajo deben encontrar la fórmula apropiada.

Es cierto que los servicios de salud adolecen actualmente de fallas, algunas protuberantes. El sistema de salud no llena las expectativas que suscitó la promulgación de la Ley 1751, o Ley Estatutaria. No obstante las buenas intenciones que el ministro Alejandro Gaviria ha puesto para que el sistema marche bien, continúa causando insatisfacción. Pero –con perdón del señor Procurador– afirmar que la salud se halla en estado agónico es una exageración.

Existen deficiencias, sí, pero no es una situación catastrófica, como la calificó proclivemente el presidente Maduro. Creo que no hay que reinventar el sistema, sino atender cada una de las cláusulas contenidas en la Ley Estatutaria.

Hace dos años que viene implementándose esta ley. Se esperaba que la etapa de transición fuera lenta, difícil, en especial por el escollo que apareja el lastre de una deuda calculada en 5 billones de pesos y aún no se sabe cómo va a ser subsanada.

Seguramente hubiera sido más ágil el proceso si se hubiera contado con una ley ordinaria que reglamentara de manera armónica los principios contenidos en la ley marco, o Estatutaria. Hasta la fecha, la Ley 100 mantiene vigencia, remendada a punta de decretos y resoluciones, sin que hayan sido erradicados los defectos que la llevaron al fracaso.

Las venas rotas por donde se desangró el sistema están bien identificadas. Los entes de control y vigilancia han venido tomando cartas en el asunto, lo cual es un gran avance.

El ministro Gaviria –que reasumió la responsabilidad del funcionamiento de todo el sistema– ha adelantado medidas significativas, como el control de precios de los medicamentos; la eliminación de su restricción en la prescripción; la supresión de los comités técnico-científicos de las EPS; se agilizó el pago de servicios; se intervinieron algunas EPS y se eliminaron otras; se puso en práctica una política de saneamiento financiero.

Además, las venas rotas por donde se desangró el sistema están bien identificadas. Los entes de control y vigilancia han venido tomando cartas en el asunto, lo cual es un gran avance en el intento por corregir la expoliación de los recursos.

En el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluyó el modelo de atención integral en salud mediante el programa denominado Pais (Política de Atención Integral en Salud), centrado en la atención de la persona, a nivel familiar y colectivo, dirigido por el Estado en cabeza del ministro, con participación de alcaldes y gobernadores. A su vez, se estableció un modelo de atención integral en salud (Mias) que busca hacer más operante el nivel primario de atención.

De esa manera, el mecanismo de acceso a los servicios no sería a través de urgencias –como ha venido ocurriendo–, sino de la medicina familiar y comunitaria. El modelo incluye acciones de salud pública con enfoques de prevención y promoción.

Atendiendo esta disposición, el Ministerio de Salud ha venido implementándola en forma tímida, desarticulada, en razón a que la reforma contemplada en la Ley Estatutaria no se está haciendo de acuerdo con un plan ordenado en el que cada uno de los cambios engrane en un sistema integral. Sin duda, la ausencia de una ley ordinaria – como señalé atrás– ha impedido estructurar el sistema de salud que todos anhelamos.

Desde el 8 de marzo de 1857, cuando las obreras textiles del bajo Manhattan se declararon en huelga y se lanzaron a las calles para exigir la humanización de las condiciones de trabajo, la mujer ha venido luchando por un mejor trato. Explicable que esa fecha diera origen al Día Mundial de la Mujer. Entre nosotros, esa lucha se ha mantenido.

Muchas mujeres han dado muestra de que el género femenino también tiene condiciones y derechos para figurar y participar en el escenario nacional, al igual que los varones. En 1989, durante el gobierno de Virgilio Barco, su ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Teresa Forero de Saade, inspiró el decreto 1389, que buscaba eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y garantizar, frente al hombre, “igualdad en la titularidad y goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”. Sin embargo, esa loable disposición tiene mucho de letra muerta en la realidad.

Muchas mujeres han dado muestra de que el género femenino también tiene condiciones y derechos para figurar y participar en el escenario nacional.

Si la equidad de género no fuera en la práctica una utopía, la mujer tendría derecho a la mitad de los puestos, es decir, a que hubiera paridad. Según la profesora Florence Thomas –aguerrida feminista francocolombiana–, cuantas más mujeres participen en los cuadros directivos públicos, menos corrupción habrá. Su presencia es reclamada gracias a que su imagen se considera prenda de garantía, aun cuando en todos los sectores no faltan las que defraudan el concepto esperanzador de la profesora Thomas.

En mis meditaciones octogenarias me asisten dudas respecto a la sinceridad de la mayoría de las mujeres en su aspiración liberadora. Por ejemplo: ¿por qué la mujer, en su afán de liberarse de la coyunda masculina, da muestras de querer parecerse más al varón, es decir, de alejarse de su condición femenina? Con esta actitud pienso que le dan la razón al filósofo existencialista Kierkegaard cuando dijo: “¡Qué desastre ser mujer! Y, sin embargo, cuando se es mujer la peor desgracia, en el fondo, consiste en comprender que se es”.

La tendencia de la mujer en los tiempos posmodernos es querer hacer todo lo que el hombre tradicionalmente ha hecho, no obstante que con ello pueda perder la imagen amable, delicada, que siempre la ha caracterizado. Hoy juega fútbol, boxea, presta servicio militar, frecuenta los bares y cantinas, bebe y fuma a la par con los hombres.

Los gimnasios –como anota Juan José Saavedra en De cómo ser feliz aun estando casado– “están contribuyendo a que las suaves redondeces femeninas hayan sido remplazadas por músculos macizos, refractarios por completo a las caricias”. El deseo de vivir como los varones, de ser como ellos –o, por lo menos, de imitarlos– hizo que el pantalón largo –que fue prenda masculina por excelencia– se convirtiera hoy en prenda femenina por excelencia. La falda es cosa del pasado. La sustituyó el jean, atavío de los vaqueros tejanos.

Otrosí: en el 2009, desde Medellín, se anunció que las mujeres ya podían orinar como los hombres, de pie, pues se había puesto a su disposición un adminículo de papel bond, en forma de embudo, desechable y reciclable. Buena noticia, pues, para las mujeres liberadas y con fijación androide.

El debate se tituló ‘¿Es Dios una ilusión?’, quizás porque es esa la pregunta que el sacerdote Remolina se hace en su libro de reciente aparición 'Los fundamentos de una ‘ilusión’', en el que califica a Dawkins como el más radical de los ateos contemporáneos y uno de los más sólidos teóricos del ateísmo actual.

Debe aceptarse, entonces, que el jesuita sabía bien a quién iba a enfrentar, más aún reconociendo él que en la actualidad algunas ideas religiosas han sido remplazadas por ideas científicas, y, dado que estas no son ilusión, la ciencia tiende a prevalecer sobre la religión. En otras palabras, la razón viene ganándole terreno a la fe. El meollo de la discusión era establecer cuál de las dos posiciones está respaldada por la verdad.

Debo confesar que yo estoy alinderado en el campo de las ciencias, sin ser un científico; apenas soy un filosofastro de las ciencias y un devoto de la razón. Pero qué tortura es la razón, la curiosidad inteligente. “Felices los que ven amanecer –decía nuestro poeta Barba Jacob– y no lloran el milagro del lirio del alba”. Quizás ser elemental, tener la fe del carbonero, sea más gratificante que ser esclavo del raciocinio.

La consecuencia de no creer en la infalibilidad de los textos sagrados era morir abrasado en llamas. Hoy no se llega a tanto.

Respeto a los que creen sin preguntarse por qué creen, sin darse explicación de las creencias. Son seres que no se desvelan, pues están poseídos de la virtud teologal de la fe, aquella que el apóstol Pablo definía como “la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven”. Por eso, el sustento de todas las religiones es la fe, que la poseen en alto grado los teólogos. Con sentido guasón, alguien los definió como sujetos ciegos, que entran a un cuarto oscuro a buscar un gato negro que está afuera, ¡y lo ven! En su encíclica Lumen fide, el papa Francisco registró que “la fe, sin verdad, no salva”. ¿Qué quiso decir con ello?

Volviendo al debate, la discusión contempló el valor y la verdad de los contenidos de la Biblia, ya que se trata del punto obligado de referencia cuando quiere defenderse la religión judeocristiana. Para Dawkins se trata de una suma de libros de todo tipo, donde están ausentes los relatos científicos.

En cambio, para el P. Remolina contiene una colección de mitos, advirtiendo que el mito no pretende explicar nada, sino inducir a una actitud de fe. Se cree que fue Moisés (vivió, al parecer, en el siglo XV antes de nuestra era) –de quien se dice haber sido el único afortunado interlocutor de Dios– el iniciador de la Biblia. En 1546, el Concilio de Trento declaró el Antiguo y el Nuevo Testamento como documentos auténticos, de inspiración divina.

Uno de los riesgos de poner en duda los hechos registrados en la Biblia es la posibilidad de ser declarados “herejes”, según el pronunciamiento del papa León XIII en 1893, pues en los libros que la Iglesia considera sagrados no puede haber errores, ya que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Borges decía que la Biblia era un tratado de literatura fantástica y Dios, su máxima creación.

En otra época, cuando existió la Inquisición, la consecuencia de no creer en la infalibilidad de los textos sagrados era morir abrasado en llamas. Hoy no se llega a tanto. Los herejes, que somos cada vez más, podemos anteponer la verdad a la fe sin temor alguno, sin llegar a ser achicharrados.

Poniéndoles atención a estas frases del profesor Wasserman, salta a la vista que son juicios peregrinos. Esto de que “para ser ético hay que hacer ética” no es un buen recurso para demostrar que esa materia no se puede enseñar, pues para hacer algo bien hay que haberlo aprendido. Recuérdese que la ética no se hace, se piensa. Ergo, para aquel que no ha aprendido ética le será difícil discernir éticamente.

Si la conciencia está supeditada a nuestra inteligencia, esta es susceptible de ser educada, de ser ejercitada para hacer el bien.

En la década de los sesenta, un prohombre de las ciencias jurídicas, el maestro Abel Naranjo Villegas, enseñaba ética en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Conservo la pequeña joya que publicó en 1968 con el título de ‘Disertaciones sobre ética’. En la introducción advierte que toda ética propone imperativamente lo que debe ser, es decir, lo que es bueno. Lo que se denomina ética profesional –añade– es la aplicación de un determinado sistema ético a los diversos actos posibles en una profesión u oficio, advirtiendo que ese sistema es como un plano que permite llegar a un sitio determinado, sin extraviarse. Me imagino que esas lecciones de ética contribuyeron a que muchas generaciones de abogados ejercieran su profesión pensando en “lo que debe ser”, actuando bajo el mandato de lo correcto, de lo ético.

Los que hemos trajinado en el campo de la ética sabemos que existe una corriente nihilista que niega la posibilidad de enseñar la materia. No obstante, en la práctica, inculcar la ética es algo que reclama la sociedad, pues la carencia de ella facilita el extravío, la corrupción. Bien se advierte que la sociedad actual padece de penuria ética.

Es bueno contarles a mis lectores que el éthos es el sitio donde nos refugiamos para rumiar nuestras intenciones, para asumir determinaciones. Ese lugar es nuestra conciencia. Pese a que aún no se ha podido identificar su ubicación en el cerebro, lo cierto es que es en él donde se aloja. Según el filósofo contemporáneo Varga, la conciencia no es un ente misterioso; es sencillamente nuestro propio entendimiento en cuanto se ocupa de juzgar la rectitud o malicia de una acción. En otras palabras, para que nuestra conducta sea completamente moral debe haber sido sometida al juicio de la conciencia. Obrar así –afirmaba Aristóteles– es actuar conforme a la recta razón.

Si la conciencia está supeditada a nuestra inteligencia, esta es susceptible de ser educada, de ser ejercitada para hacer el bien. El actuar ético no es un asunto de pálpito ni de iluminación divina, sino que está sujeto a enseñanzas y a normas de conducta. Siendo así, el comportamiento correcto, bueno, es producto del ingrediente aportado por la conciencia y del ingrediente (leyes y normas) aportado por la sociedad, llámese Estado, Iglesia, gremios profesionales. Si actuamos solo de acuerdo con disposiciones externas, más por miedo al castigo que por repulsa a las malas acciones, nuestro proceder carece de la esencia ética.

En resumen, creo que la ética sí se puede y se debe enseñar.

Siempre he sido un fervoroso defensor de las causas nobles, entendiendo como tales las denominadas justas, vale decir, las que preservan la dignidad de la persona. Desde hace tiempo, de manera un tanto quijotesca y pertinaz, he venido pugnando por que se le devuelva la dignidad a un personaje histórico muy ligado a los orígenes de la sesquicentenaria UN, dignidad que en mala hora le fue arrebatada con la indiferencia de quienes han estado obligados a defenderla. Me refiero, por supuesto, al general y jurisconsulto Francisco de Paula Santander, el gran revolucionario que hizo de la educación pública el instrumento eficaz para convertir a la naciente república en una nación pensante, capaz de defender la libertad y la independencia que él mismo había contribuido a alcanzar.

Al haber sido olvidado Francisco de Paula Santander en ocasión tan significativa, se infligió otro agravio más a su ya ultrajada dignidad.

Sé bien que nuestra historia patria es un asunto que carece de importancia para mucha gente, incluso para quienes se ilustran en colegios y universidades. Sé también que algunos miembros de las juventudes universitarias, en particular de los que se forman en las instituciones públicas, haciendo alarde de irreverencia por todo lo tradicional, desprecian la llamada ‘memoria histórica’ y viven su mundo a su amaño, juzgando a los que los antecedieron con criterios arbitrarios, acomodados a sus intereses políticos y a su iconoclasia mental.

Como invitado a los actos celebratorios mencionados, tuve la oportunidad de pasear el campus. Abrigaba la esperanza de que el día 22 de septiembre, fecha del onomástico, las directivas de la universidad hubieran tenido en cuenta, con carácter de ‘Invitado de Honor’, al fundador de la educación pública en Colombia y sembrador del germen que dio origen a la UN. Me acerqué a la plaza principal, que en algún momento de cordura histórico fuera bautizada con su nombre y levantada allí su figura en bronce, esperanzado –digo– de volverlo a ver presidiendo el transcurrir de la universidad pública más importante del país. Pesarosa fue mi frustración al comprobar que no había sido invitado, que era el Gran Ausente.

Ante tamaño desafuero, me arrogo la vocería de buena parte de la comunidad uninacionalista y –¿por qué no?– de la opinión pública en general, para, desde esta columna y de manera respetuosa, emplazar al señor rector y a los miembros del Consejo Superior para que expliquen las razones que tuvieron para no haber invitado en tan señalada efeméride a Francisco de Paula Santander, rescatándolo del forzado y prolongado exilio a que lo han sometido quienes lo suplantaron por un revolucionario extraño a nuestra historia.

Al haber sido olvidado en ocasión tan significativa, se infligió otro agravio más a su ya ultrajada dignidad. Ante semejante preterición me pregunto: ¿será necesario adelantar un plebiscito o la recolección de firmas –tan de moda en la actualidad– para consultar al respecto el querer de la comunidad nacionalista? Por lo que he podido palpar en el ambiente, el deseo de que se restituyan el nombre a la plaza y la efigie del revolucionario Santander en ella es generalizado.

Para cualquier sector que tenga injerencia en el transcurrir social, la corrupción es una desgracia, una verdadera calamidad, existiendo algunos en que, por su trascendencia, su percepción es más dolorosa. Sin duda, los de la salud y la justicia encabezan la lista, pues los profesionales encargados de dispensarlas son los responsables del bienestar y la felicidad de la sociedad toda. De ahí que la enseñanza de la ética, o formación moral, adquiera relevante importancia en las carreras de medicina y derecho.

Desde 1980, a través del Decreto-Ley 80, quedó establecido que la enseñanza de la ética posee calidad de obligatoria en todas las carreras universitarias, es decir que la formación profesional debe tener un componente ético. Tan fundamental disposición ha sido preterida en la práctica, pues no se cumple de manera general, y si se tiene en cuenta adquiere carácter de cenicienta del pénsum correspondiente, siendo considerada por algunos como ‘clase de costura’. En otras palabras, la ética es menospreciada.

En la actualidad, todos estamos confundidos con el escándalo en el sector judicial. No era raro que salieran a la luz pública deslices éticos de algunos profesionales del derecho, a nivel de jueces municipales y de litigantes de baranda. Lo que parecía improbable era que los magistrados de las altas cortes pudieran ser actores de conductas corruptas, que la toga del magistrado pudiera ocultar a un transgresor de la ley.

Séneca, considerado uno de los más grandes moralistas de la antigüedad, afirmaba que el foco originario de la ética es el sentimiento de dignidad de la persona. Quien carece de ese sentimiento no dispone de voluntad moral. Y la dignidad –tan difícil de definir– es, en últimas, la más preciada de las virtudes que puede tener un ser humano. Aquel que la pierde es presa fácil de las más bajas pasiones. Alguna vez Séneca manifestó aborrecer la idea de ejercer la función de juez, de “vestir la perversa toga de magistrado”, quizás por haber advertido la falta de dignidad en algunos de los administradores de justicia. Yo diría que la toga no es la perversa, sino quien la viste careciendo de dignidad, de voluntad moral.

La anterior consideración me lleva a pensar que la solución de ese perverso mal no es –como se viene proponiendo– solo a través de una reforma de la justicia, que, según se ha comprobado, no es ciega –que lo debe ser– sino también sorda, coja y sinvergüenza. Es evidente que los aspectos procedimentales son importantes para que la justicia marche bien, para que no cojee. Pero opino que para corregir la falta de vergüenza se hace necesario rescatar y mantener vigente la dignidad de los encargados de impartirla. Entonces no habría prevención hacia la toga del magistrado, como la tenía Séneca.

Aceptando que hay que atender los vacíos y defectos de lo procedimental, es igual de urgente y necesario enfilar baterías hacia las escuelas formadoras de juristas, que es de donde proceden los futuros administradores de justicia. Si no se pone atención a que en ellas se enseñe con convicción e insistencia lo que es la dignidad del abogado –vale decir, la voluntad moral, que es el sustento de la ética–, la justicia en Colombia carecerá de la credibilidad que infortunadamente ha perdido.

amplia y acreditada oferta académica, su plantel docente, su producción investigativa, sus recursos físicos... De todo eso nos enorgullecemos quienes somos sus hijos de útero y quienes están ahora en etapa de gestación.

Coincide ese sesquicentenario con un hecho que, asimismo, puede calificarse de feliz. Me refiero a la paz reinante en el campus y en su vecindario como consecuencia de la paz suscrita entre el Gobierno y la guerrilla. Sí, en lo que va corrido del año, el transcurrir de la UN no se ha visto alterado por causa de las incursiones periódicas y ruidosas a que nos tenían acostumbrados grupos de encapuchados. Recordemos que desde la década de los 60, la UN fue escenario de brotes de violencia a cargo de agitadores profesionales y de jóvenes aprendices que, con fines políticos, la utilizaban como arma arrojadiza contra el llamado “establecimiento”, sin que hiciera mella en este, pero sí en aquella.

Quien recorra hoy el campus verá, con ojos de asombro, otro hecho insólito: los muros encalados de la Ciudad Blanca ya no son la muralla donde se registraban grafitis belígeros. Ahora, si se observan, son mensajes pacifistas que obligan a pensar que, al igual que el país, la UN atraviesa una época de buenos augurios. Los violentos han morigerado su comportamiento y con ello se le ha devuelto a la institución su verdadera esencia: libertad y respeto por el juego inteligente de las ideas.

Aprovechando ese nuevo ambiente, quiero –a riesgo de ser tildado de ‘cansón’– insistir ante las directivas de la Nacho y ante los exsimpatizantes de la revolución armada en que se haga una reparación histórica: devolverle a la plaza principal del campus su nombre primigenio y restituir la estatua pedestre que le daba dignidad y simbolizaba el agradecimiento de la posteridad a quien fuera llamado ‘Fundador de la educación pública en Colombia’. Me refiero, por supuesto, al general y jurisconsulto Francisco de Paula Santander, gracias a cuyo legado verdaderamente revolucionario podemos contar hoy con la mejor universidad del país.

Cada vez que cruzo la plaza y me percato de que pasa el tiempo y se mantiene viva la ignominia de haber suplantado su legítimo nombre por el de un aventurero argentino, a quien los colombianos no tenemos nada que agradecer, me lleno de ira y quisiera gritar a voz en cuello: “¡Justicia!, ¡justicia!”. Me acuerdo entonces de que la estatua se halla exiliada en el cuarto de San Alejo del viejo claustro de San Agustín, lejos del campus, a la espera de que se le retorne al sitio que alguna vez, en un acto de cordura y gratitud histórica, el Consejo Superior Universitario le asignara.

Para poder llegar a la paz que comienza a disfrutar el país, Gobierno y guerrilla suscribieron un pacto basado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues bien, considero que uno de los mejores regalos que se le pueden dar a la Nacional, con ocasión de su siglo y medio de existencia, es darles validez a esos principios: que la paz interior se mantenga y en honor a la verdad se haga justicia reparando la memoria del fundador de la educación pública en Colombia.

Por disposición reglamentaria, deberá ahora iniciar de nuevo el tránsito parlamentario, con el valor agregado de que ya fue considerado y aprobado por las dos cámaras, lo cual –creo yo– hará más ágiles los debates requeridos.

No sobra rememorar que dicho proyecto de ley fue concebido por iniciativa de una junta médica creada en virtud del derecho y deber de autorregulación profesional, frente a la necesidad de remozar las normas éticas existentes, teniendo en cuenta que, en el transcurso de las tres largas décadas de su vigencia, muchos han sido los cambios ocurridos en el ámbito médico y cuyas implicaciones éticas no contemplaban aquellas. Esa junta médica estuvo compuesta por los presidentes o los representantes de la Academia Nacional de Medicina, del Colegio Médico Colombiano, de la Asociación de Sociedades Científicas, de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, del Tribunal Nacional de Ética Médica y de la Federación Médica Colombiana.

El ejercicio de la medicina es una actividad de inmensa responsabilidad social, como que el médico es un agente indispensable para el bienestar y la tranquilidad de la sociedad toda.

Como era lógico, el texto del proyecto puesto a consideración del Congreso tuvo la aprobación consensuada de esas seis instituciones, pudiendo afirmarse, por eso, que tenía –y tiene– el aval del cuerpo médico nacional. Posteriormente, al cambiarse la junta directiva de la Federación Médica, esta declaró su desacuerdo con el proyecto, disidencia que en nada afecta el respaldo mayoritario que aún conserva.

El ejercicio de la medicina es una actividad de inmensa responsabilidad social, como que el médico es un agente indispensable para el bienestar y la tranquilidad de la sociedad toda. Por eso, su actuar debe estar sujeto a normas intachables de conducta, que hagan las veces de brújula para evitar el extravío y obtener la confianza de aquella.

En otras palabras, un código de ética médica es un tratado de deberes y no –como creen algunos– un tratado de derechos. Si ese código, elaborado por los mismos médicos, tuviera la intención de favorecer los intereses de estos –que son válidos en otro contexto– antes que los intereses de los pacientes, sería un instrumento viciado, perverso, de muy mal recibo por la sociedad.

Precisamente, la ética médica en el mundo occidental se originó en Atenas hace veinticinco siglos porque la sociedad retiró a los médicos su confianza. Fue menester que los discípulos de Hipócrates elaboraran un documento contentivo de los deberes de los cultores de la medicina y juraran cumplirlos poniendo a sus dioses como testigos. Así nació el famoso Juramento hipocrático, de tanto arraigo para los médicos de todas las épocas y lugares.

En los tiempos que corren, cuando la medicina y las sociedades son muy distintas a las de aquellas calendas, se ha visto necesario ajustar los principios éticos hipocráticos a las nuevas costumbres, pero manteniendo vivo su espíritu primigenio, vale decir, que el médico obre en función del otro, a manera de apostolado, anteponiendo los intereses de la sociedad doliente a los intereses del gremio. Y entre nosotros, el renovado Código de Ética Médica es el instrumento indispensable para que esa misión se cumpla a cabalidad.

genética, incurables, denominadas ‘huérfanas’ por considerarse abandonadas, no solo por su rareza, sino también por los elevados costos que apareja su tratamiento. Se pretende que sea practicado “de manera gratuita y obligatoria a todo recién nacido vivo en Colombia”. Según el Ministerio de Salud, de aprobarse la nueva ley, el costo aproximado sería de 300.000 millones de pesos anuales.

De entrar en vigor las leyes de marras, es seguro que su incumplimiento dará lugar a tutelas que tendrán el respaldo de la Corte Constitucional.

El segundo tiene que ver con la prevención y el tratamiento de la infertilidad, es decir, de la incapacidad para procrear. En su artículo tercero, el proyecto de ley conmina al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Salud, “adelante la política pública de infertilidad con miras a garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del sistema de seguridad social en salud”. De esta manera se legisló sobre un asunto que tiene inocultables repercusiones gravosas en el presupuesto de la salud. Es cierto que la tecnología ha hecho aportes admirables a la reproducción humana, pero en bioética existe un principio –que es un acuerdo entre acción y razón– aplicable a situaciones conflictivas: “No todo lo que se puede hacer se debe hacer”.

La Ley Estatutaria de la Salud establece que es deber del Estado financiar de manera sostenible el sistema. Al decir de la Corte Constitucional, la protección del derecho a la salud no puede ser sacrificada so pretexto de la sostenibilidad financiera. Sin embargo, racionar el gasto en salud está justificado si es racional, si está encaminado a beneficiar a las mayorías necesitadas, no obstante vaya en desmedro de unos pocos, pues hay decisiones sujetas a prioridades. Es difícil aceptar la protección prioritaria si yo, o alguien de mi afecto, está entre los relegados; pero si se tiene en cuenta el principio ético de justicia distributiva, se le encuentra sentido al racionamiento del gasto, más aún en un país como el nuestro, que no es opulento. Así y todo, creo que, de entrar en vigor las leyes de marras, es seguro que su incumplimiento dará lugar a tutelas que tendrán el respaldo de la Corte Constitucional.

Dado que la ley sobre infertilidad no establece que la pareja sea homo o heterosexual, es muy posible que lleguemos a conocer casos de parejas homosexuales que, invocando sus derechos sexuales y reproductivos, acudan a la tutela para obtener los respectivos beneficios del sistema de salud. No se piense que la posibilidad que planteo sea un exabrupto. Este periódico, en una crónica de página entera, registró hace poco el caso de una pareja gay masculina, pudiente económicamente, que logró su anhelo de tener un hijo, a costos astronómicos. En efecto, dicha pareja acudió a la tecnología, comprada en el exterior por existir en Colombia algunas restricciones legales: en EE. UU. obtuvieron los óvulos con las características deseadas; con los espermatozoides de uno de los componentes de la pareja se fertilizaron aquellos, y luego se implantó el embrión en el útero alquilado de una madre sustituta mexicana, con el resultado de una niña nacida por cesárea. Me pregunto: ¿sería justo que nuestro estrecho presupuesto para salud fuera gravado con casos como este?

Por lo anterior, encuentro propicio el momento para recordar que el buen médico –el médico requerido– no es aquel que sabe mucho de medicina, sino aquel que sabe cumplir con sus deberes, entendiendo que el que conjugue ambas virtudes es el médico ideal, pues honra de verdad a la profesión. Por eso traigo a colación los deberes que, a mi juicio, son fundamentales y con cuyo cumplimiento tiene que comprometerse quien reciba la investidura académica de médico, advirtiendo que quien carezca de vocación no podrá captar el verdadero sentido de ellos. Esos deberes son:

1. El médico debe entender su profesión como una misión humanitaria a favor del otro, de aquel que busca ayuda para su salud, misión que apareja sacrificios. Sin duda, se trata de un apostolado.
2. El médico debe verse en el otro, como si fuera él quien buscara ayuda, pues el humanitarismo es inherente a su profesión. En suma, es darle vigencia a un mandato ético que tiene carácter de principio universal: “Trata al otro como quisieras que fueras tratado”.
3. El médico debe considerar de igual categoría a todos sus pacientes, respetando su autonomía. Ni el elitismo ni el autoritarismo tienen cabida en medicina.
4. El deber más elemental del médico es no hacer daño a su paciente. Al contrario, su compromiso principal es hacerle el bien.
5. El deber del médico es evitar la enfermedad, o curarla. Dado que no siempre puede hacerlo, debe entonces ser solidario y trocarse en agente consolador.
6. Falta a su deber el médico que ejerce su profesión con codicia, con afán de lucro.
7. El médico debe abstenerse de actuar si no se considera capacitado para hacerlo. En medicina, muchas veces no hacer nada es hacer mucho. La audacia médica no es buena consejera.
8. Es deber del médico mantenerse al día en cuestiones propias de su actividad profesional. Un médico desactualizado no es prenda de garantía para la sociedad a la que sirve.
9. El médico, sobre todo el cirujano, debe saber retirarse a tiempo. El ejercicio responsable de la medicina obliga a disponer de todos los sentidos y de un recto juicio para no exponerse al extravío.
10. El médico debe tener conciencia de que su condición de tal apareja compromisos con las causas sociales, como que los problemas de los más necesitados caen en su jurisdicción.

Los anteriores preceptos, que bien pueden interpretarse como el Decálogo para el ejercicio de la profesión médica, encierran principios intemporales, pues fueron heredados de los padres de la medicina y son los que han permitido que sus cultores siempre hayan sido considerados por la sociedad benefactores de la humanidad. Precisamente, el nuevo Código de Ética Médica, en manos hoy del Congreso, será el guardián de esos principios.

organización de la sociedad civil global que lidera la lucha contra la corrupción–, en Colombia tal lastre en este sector es del 63 %, muy por encima de lo que pasa en países como Argentina (26 %), Bolivia (36 %), México (42 %), Perú (49 %), Chile y Venezuela (51 %). La explicación de tan vergonzosa primacía radica en el productivo maridaje entre el modelo de atención en salud que trajo la Ley 100 de 1993 y la idiosincrasia de algunos colombianos.

Dado que el funcionamiento del sistema de salud ha sido responsabilidad compartida entre los sectores público y privado, la podredumbre observable al destapar la olla es achacable a los dos sectores, bien por comisión, bien por omisión de sus distintos agentes.

Durante el foro señalé las múltiples modalidades de fraude infligido al sistema de salud: el desgreño administrativo; los carteles o asociaciones para delinquir (el de la hemofilia, el del síndrome de Down, el del autismo, el de los trastornos mentales, el de las embarazadas, el de las ambulancias, el del SOAT); las IPS inexistentes, es decir, de papel; los recobros de EPS por servicios no prestados y por medicamentos no entregados; el despilfarro en inversiones ajenas a la salud por parte de EPS y autoridades regionales; recargos a los precios de los insumos, especialmente medicamentos; tutelas incentivadas por la industria farmacéutica, por médicos y abogados cómplices para obtener medicamentos y otros beneficios costosos; hospitalizaciones innecesarias como estrategia para hacer rentables las camas y los equipos diagnósticos y terapéuticos; despilfarro consciente de la salud por parte de los derechohabientes (adicción al tabaco, el alcohol o a las drogas psicoactivas); pactos o acuerdos secretos entre las grandes empresas aseguradoras para constreñir el mercado e imponer tarifas proclives; en fin, adscripciones fraudulentas al Sisbén. La periodista Valentina Obando registró en EL TIEMPO del pasado 9 de abril que solo por este concepto el sistema se vio afectado en cerca de cinco billones de pesos anuales.

Basándome en las anteriores evidencias, puedo afirmar que es una falacia sostener que “un modelo de salud como el que contempla la Ley Estatutaria 1751 del 2015 es insostenible”. Es fácil intuir que de llegarse a eliminar la corrupción, los recursos que puedan recaudarse a través de las fuentes ya establecidas serían suficientes para cumplir las exigencias que contempla la Ley Estatutaria, sin necesidad de acudir a medidas fiscales heroicas, como recomiendan algunos economistas. Ignoro de qué magnitud es el desfalco que ha padecido el sistema, pero si tenemos en cuenta las muchas arterias rotas por donde se han venido expoliando los recursos, es lógico suponer que la sangría ha sido incalculable.

Como corolario de este vergonzoso balance, de no haber ocurrido tan voraz corrupción en el sector salud, no hubiera sido necesario organizar el foro de marras, la Ley Estatutaria no estaría cuestionada y Colombia contaría hoy con el mejor sistema de salud del mundo.

Las celebraciones cívicas no deben llevarse a cabo para emborracharse ni para dar paso al jolgorio, sino para meditar, evaluar y proyectar el futuro. Nuestros abuelos tenían mayor sentido sobre lo que significaba una celebración nacional, y, por ello, hace un siglo, se desplegó una movilización, tal vez restringida a las élites y a algunas ciudades, para festejar espiritualmente los primeros cien años de independencia, que acompañaron con pequeñas obras públicas, el descubrimiento de retratos, bustos y estatuas, y la realización de tertulias literarias, a la usanza de entonces. Era mucho más de lo que se está haciendo ahora. Les invito a leer el artículo de Eduardo Posada Carbó sobre la celebración del primer centenario de la Independencia.

Nos recuerda el historiador Posada que funcionó una comisión preparatoria de carácter cívico y bipartidista durante tres años, y que se cantaron “tedeum” en todas las ciudades dentro de un “espíritu civil y republicano”; se fundaron, asimismo, escuelas, museos, hospitales, plazas, puentes, avenidas y otras obras públicas. La fiesta duró 17 días en toda la nación. Evoca Posada las palabras del presidente González Valencia: la celebración “debía servir para que ‘en la nueva centuria independiente, el amor a la paz arraigue fuertemente en la conciencia popular’”. Existió entonces un espíritu “centenarista” muy profundo, hoy ausente.

En Bogotá, como en otras ciudades, quedan obras que atestiguan las celebraciones de hace un siglo, una de ellas el Parque de la Independencia, con la inauguración del quiosco de la luz, donado por los hermanos Samper, y el Pabellón de Bellas Artes, una pequeñita réplica del Grand Palais de París, donde se celebró la feria mundial. El pabellón sirvió hace un siglo de sede a una exposición industrial y agrícola, en la cual se expusieron los productos del campo, de la artesanía y de la incipiente industria nacional.

Hoy no existe el espíritu patriótico de 1910 y las circunstancias son diferentes: había terminado la guerra de los Mil Días y las heridas estaban frescas; Panamá había sido cercenada; se inauguraba el Gobierno de unidad de Carlos E. Restrepo; la Iglesia era muy influyente; el país era pobre y bucólico y las gentes todavía ingenuas y desprevenidas. Ahora somos mucho menos pobres y el cambio social es impresionante. Estamos llenos de problemas de fondo que hace un siglo no existían, el sentido patriótico ha desaparecido y nuestros dirigentes están ocupados en asuntos más urgentes y mundanos que una celebración espiritual. ¿O es que no hay mucho para celebrar?

Este sería el momento indicado para preguntarnos si la Independencia y la campaña libertadora sirvieron para cambiar y mejorar el ritmo del país, o si continuamos igual, sin la autoridad española, pero con el mismo modelo de gobernantes, ya no enviados desde Madrid, sino criollos nacidos en América. También sería el tiempo de cuestionar si la vida republicana cambió el destino de estos pueblos, o el progreso material, político y cultural ha sido demasiado lento y continúa siendo inequitativo.

Somos un país adulto, como las demás naciones de Iberoamérica, y no podemos escudarnos tras una dependencia política y administrativa de España o de Portugal. Tenemos uso de razón, gozamos de derechos y libertades, y hemos recorrido un camino de dos siglos de gobiernos independientes. ¿No es hora de hacer un alto en el camino para rendir cuentas de lo que no hemos podido lograr? O, ¿será que le estamos huyendo como sociedad a esa rendición de cuentas?

Estamos a unos días de la pobre y lánguida celebración de unas fechas históricas, que celebran las realizaciones de Bolívar, Nariño, Santander y otros héroes. ¡Qué lástima que el Gobierno y los principales líderes sociales hayan dejado pasar este momento especial para adelantar una reflexión profunda sobre nuestro destino!

No cabe duda de que existe un plan de la llamada “izquierda”, que implica el uso de todas las formas de lucha, es integral y de largo plazo, se ha orquestado desde adentro y desde afuera, y se orienta a debilitar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, con el fin de ir abriendo paso a futuros gobiernos pro-marxistas, como ha sucedido en países vecinos al nuestro. Ese plan pasa por la subversión, las escuelas y universidades, la rama judicial (incluyendo a la JEP), algunos periodistas crédulos o afines al “socialismo de banana” que circula por la región, intelectuales, empresarios ingenuos y, sobre todo, gentes cándidas, que, como Caperucita Roja, no alcanzan a ver los colmillos del lobo.

La mayoría de dirigentes de la mal denominada izquierda se han lanzado como perros furiosos sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tal vez aprovechando declaraciones imprudentes o tomándolas fuera de su contexto. Quieren y exigen su cabeza. Ahora le tocó el turno al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por haber solicitado a los líderes militares actuar con mayor determinación frente a las amenazas de narcos, exFARC, antiguos paras y otros tipos de malandros que se han adueñado de extensas zonas del territorio. ¿Qué buscan los críticos? Sencillamente quieren un ejército sumiso, desentendido, acomplejado, débil en la acción y escondido en los cuarteles, y no uno que cumpla con su misión, como debe ser, aquí y en cualquier nación que se respete.

Es posible que el mensaje del comandante a sus hombres haya incurrido en equivocaciones, como con las conocidas tablas de resultados operativos, o que el lenguaje no haya sido claro. El efecto más preocupante es que la fuente de la información enviada al New York Times provenga de militares de alto rango pertenecientes al Estado Mayor y responsables de cumplir la misión institucional de preservar el orden. En el campo militar no hay lugar a disidencias, se puede opinar, pero, una vez tomada una decisión estratégica e institucional, es necesaria la obediencia, la unidad de cuerpo y la lealtad. Es indispensable, sin embargo, que los líderes militares de cualquier país entiendan siempre la obligación de actuar dentro de la ley, la doctrina que obliga al respeto por los derechos humanos y el rechazo de prácticas nefastas contra la población civil, como fueron los “falsos positivos” de hace un tiempo.

Resultaría grave que estuviésemos ante una división política en el seno de nuestro Ejército; allí la autoridad debe ser monolítica, siguiendo el orden jerárquico que va desde el presidente de la República hacia abajo. La tarea militar en Colombia es especialmente ardua, compleja e incomprendida, debido a las acciones irregulares de los delincuentes, quienes son los verdaderos enemigos de la paz, por lo cual las diferentes fuerzas deben actuar como un solo hombre, bajo planes operativos claros, sin desfallecer.

Lamentablemente, en las fases finales del Acuerdo de La Habana, se ordenó un repliegue militar, hasta cierto punto entendible, que pudo haber causado efecto de letargia en la tropa, lo que sucede cuando un atleta se aparta de las pistas por un tiempo largo. Ahora estamos viendo las consecuencias de ese retiro de la presencia militar durante el posconflicto: extensos territorios copados por narcotraficantes y grupos guerrilleros, crímenes de líderes sociales, éxodos de campesinos y alteración del orden.

Si la denuncia sobre las órdenes operativas impartidas por el general Nicacio de Jesús Martínez hubiera aparecido en un medio de comunicación local, el ruido hubiese durado unas horas o días, pero como lo publicó el New York Times —el diario más importante del mundo— creó todo tipo de reacciones, desde las del Gobierno con sus tibias explicaciones, hasta las de los enemigos del sistema político, quienes dijeron que estábamos regresando a épocas de barbarie. El Times es un periódico serio y respetable, pero desconoce la realidad colombiana y se olvida de las barbaridades cometidas por el Ejército de los Estados Unidos en Vietnam y otras guerras. Ojalá que este episodio sirva para ser más prudentes y claros en lo que se dice desde el Alto Gobierno y desde las fuerzas armadas.

No es la primera vez que esto sucede. Así han sido los planes posteriores al mandato constitucional de 1991, con lo cual se viene desvirtuando la esencia del plan y distorsionando la función legislativa, pues la ley, que además tiene carácter orgánico, termina conteniendo varias normas sin mucha relación entre sí. Si se examina el actual proyecto encontraremos en el articulado reformas fiscales y tributarias, a la educación, a la salud, a la minería y a muchas otras áreas.

Quienes crearon en los años sesenta el Departamento Nacional de Planeación (DNP), bajo la figura de planes estratégicos que orientarían el desarrollo económico y social del país, no entenderían a lo que se ha llegado en los tiempos recientes. En el plan “mete la mano” todo el mundo: es un proyecto que no tiene clara la visión de país, se limita a formular unas obligaciones presupuestales para períodos de cuatro años y, al final, pierde la esencia de lo que debería ser una estrategia de largo plazo de Colombia y no de cada gobierno. Se ha llegado por mandato constitucional a una verdadera microadministración.

Recordamos planes anteriores al 91. En el Gobierno de Ospina se introdujo la planeación (primera misión Currie), después vino el estudio Lebret de 1958, y luego, en el mandato de Lleras Restrepo, se creó el Departamento Nacional de Planeación. Años más tarde se aprobaron planes como el de las “cuatro estrategias”, de la administración de Misael Pastrana, elaborado no por mesas de trabajo, sino por un número reducido de expertos dirigido por el profesor canadiense Lauchlin Currie —reconocido en el mundo como connotado economista del desarrollo—. Este plan, como otros que siguieron, fue estratégico, dado que impulsó fuertemente la economía nacional y se construyó sobre cuatro pilares: aumento de las exportaciones, fortalecimiento del sector de construcción de vivienda con la creación de la UPAC, redistribución del ingreso y desarrollo del sector agropecuario. Siguieron otros planes con visión estratégica como “Para cerrar la brecha” de López Michelsen, el “Plan de Integración Nacional” de Turbay, el de “Cambio con equidad” de Betancur, entre otros. En los macroplanes no se presentó la dispersión de los planes posteriores al 91, que se expanden en centenares de propósitos y pequeños proyectos para dar gusto a todos.

La Constitución de 1991 determinó en el artículo 339 el concepto de planeación ampliamente participativa, la cual fue reglamentada por la Ley Orgánica 152 de 1994: esta norma define un componente programático de extensa literatura y un programa de inversiones. Lamentablemente, los planes cuatrienales se fueron convirtiendo en colchas de retazos aprovechadas por los congresos para influir con iniciativas desarticuladas, a la vez que el DNP fue perdiendo fuerza para convertirse en un “tanque de pensamiento” escondido, con la responsabilidad de coordinar la elaboración de planes anuales de inversión.

El actual proyecto consta de más de 400 páginas que la mayoría de los congresistas apenas comienza a leer. Si bien plantea tres grandes propósitos (legalidad, emprendimiento y equidad), estos se diluyen en una matriz de 12 pactos transversales y 9 regionales. Se dice popularmente que “el que mucho abarca poco aprieta” y eso es lo que termina sucediendo con planes que, finalmente, terminan en meros listados de inversiones dispersas.

Otro problema con los nuevos planes de desarrollo es que son aprovechados por cada sector para hacer sus propias normas legales. Educación, transporte, salud, defensa, vivienda, etc., van incluyendo artículos que al final constituyen los cambios legislativos de cada ministerio: esto es, una suma de leyes dentro de una ley amplia, lo que va en detrimento de proyectos específicos más profundamente discutidos a lo largo de los cuatro años de legislatura.

Es justo reconocer que, en la primera parte del proyecto, donde se sustentan las bases teóricas del plan, se encuentran elementos interesantes, partiendo del análisis que se formula sobre la economía y sus efectos en la equidad: estancamiento y baja diversificación de la productividad, expansión de las economías ilegales, clima de informalidad, elevados costos regulatorios e ineficiencia del gasto público. Es difícil exponer un diagnóstico tan claro; el problema es que en el articulado se atacan estos factores con “escopeta de regadera”, de forma que al concluir el Gobierno de Duque muy probablemente la macroeconomía seguirá soportando las debilidades de siempre. Las bases mismas del Plan —legalidad, emprendimiento y equidad— son lugares comunes, conceptos etéreos que son casi imposibles de concretar en tres años.

Los llamados pactos por la sostenibilidad, por los recursos minerales y energéticos, por el transporte y los servicios públicos, por la equidad de las mujeres, por la paz, por la economía naranja, por el gobierno eficiente y por las regiones muestran buenas intenciones, pero no aterrizan en lo real y duro. ¿Quién va a suscribir esos pactos y bajo qué condiciones?

Para quienes somos pragmáticos y realistas uno de los mejores apartes del proyecto del nuevo Plan es el que enumera una serie de metas como lograr que 2 millones de niños reciban educación inicial y 7 millones sean cubiertos por el PAE, alcanzar la gratuidad para 300.000 jóvenes universitarios y que 550.000 nuevos productores cuenten con asistencia técnica, llegar al 60 % de actualización catastral (incluyendo, ojalá, las zonas rurales), erradicar 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos, reducir la tasa de homicidios a 23,2 por cada 10.000 habitantes, entre otras. En cambio, metas enunciadas como transporte multimodal, dinamismo de la economía naranja, aumento de la capacidad de energías limpias y reducción de la pobreza son simples enunciados que no se comprometen a nada.

Cuando se llega a las soluciones propuestas se entra en un campo nebuloso, lleno de generalidades y de planteamientos que parecen un utopismo ideal y son difíciles de concretar en acciones de gobierno. Se habla de herramientas innovadoras en una política social moderna que va más allá de los subsidios. ¿Qué es eso y cómo se plasma en el Plan? Se plantea la necesidad de dotar el campo con bienes públicos para mejorar la productividad y buscar equidad y acompañamiento del Estado a los empresarios en crecimiento. Se menciona la transformación digital de los territorios como una forma de romper las inequidades entre regiones y se promete hacer más efectiva la gestión pública. Todo esto suena bien, pero no se dice cómo se va a materializar.

Después de las críticas anteriores es bueno concluir con una nota positiva en relación con el Plan. Si bien este es exageradamente ambicioso, disperso, teórico y, con frecuencia, poco realista, es mejor tener plan que no tenerlo; por lo menos es una hoja de ruta.

Colombia no ha sido ajena a la irrupción de los sectores medios, que muestran un crecimiento de un 7,7 % en los últimos diez años (del 11 % del total de la población al 23 %). Debe agregarse a esta cifra otro 40 %, perteneciente a la clase media baja, emergente o vulnerable, en donde se pueden contar cerca de 20 millones de personas, lo que sumaría un total de 35 millones en este estrato. La población considerada pobre, por su parte, es de 10 millones de personas.

La clase media mundial tiene patrones más o menos definidos de consumo, dependiendo de si se trata de la más alta o de la más baja. Esta última se caracteriza por adquirir bienes como celulares, bicicletas, motocicletas de baja gama, televisores y otros electrodomésticos; además de servicios y actividades de esparcimiento como fútbol, eventos culturales subsidiados, viajes terrestres, comidas rápidas, compras en centros comerciales populares, cine, entre otros. Por otro lado, la clase media alta consume automóviles de gama media, viajes al exterior, educación privada, tarjetas de crédito para pago de restaurantes, ropa de marca, aplicaciones de servicios como Uber y Rappi, entretenimiento, gimnasios, etc. Según la firma Raddar el crecimiento del consumo en Colombia fue de un 2,3 % en el último año, gracias en buena medida a los gastos de los sectores medios. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, por otra parte, la tasa de desempleo de la clase media alta es de 6,14 % y de la media baja de 9,2 %.

La clase media-alta y los sectores altos tradicionales se aferran a los valores culturales de la burguesía occidental, mantenidos por siglos, y se diferencian de los sectores en ascenso. El fenómeno de consolidación de valores y costumbres puede durar décadas —en algunos casos siglos— y conducir a sociedades duales en las que las poblaciones coexisten pero no hay fusión cultural, más allá de lo básico. La descripción anterior es simple: apenas intenta poner de presente un fenómeno económico, social y cultural que marca a cada nación de diferente manera y que estamos experimentando en Colombia. Lo importante es tener conciencia de lo que ocurre, entender que la búsqueda de una sociedad más homogénea requiere de tiempo y que mientras tanto debemos tolerar las diferencias y, sobre todo, respetar la diversidad.

Si aceptamos que existen costumbres, valores y estilos de vida típicamente burgueses, nacidos en Europa y trasplantados a territorio americano durante las colonias del norte y del sur, nos preguntamos ¿cuáles son esos valores y cómo se vienen transformando con el ascenso de los sectores medios? De manera simple podríamos decir que la burguesía en materia de valores sociales se caracteriza por ser fuertemente individualista, defensora de la iniciativa privada, del progreso personal, del trabajo formal y del mérito por el esfuerzo de la persona o la familia; valora, en esa medida, el círculo familiar y de amistades. En materia política, asimismo, propugna por la libertad, la igualdad frente a la aristocracia o clase más alta, y la defensa del constitucionalismo, las instituciones políticas liberales y democráticas, y el gobierno limitado.

La burguesía, descrita en la literatura universal de los últimos dos siglos, tiene su propio estilo de vida, con valores de modernidad, respeto por el protocolo y las convenciones sociales, la cortesía, el sentido estético y el uso de un lenguaje propio —a veces exagerado—. Además, existió en Europa una burguesía ilustrada, orientada al humanismo, la literatura, la ciencia y la música culta, visible en la “era victoriana” inglesa. De todo ello, ¿qué se conserva en América Latina y en Colombia y cómo se asimila entre los estratos medios? Son preguntas que deben responder sociólogos y antropólogos culturales.

Se afirma con frecuencia que la estabilidad política y social de los países depende en buena parte de la fortaleza de sus clases medias y que por ello deben ser reforzadas y ampliadas. En ese sentido, una aspiración nacional sería que en pocos años fuésemos un país de clases medias estables y en crecimiento.

erradas, pues el mal está en el paciente. Eso es lo que está sucediendo con la educación como veremos enseguida: la crisis no es primordialmente financiera, aunque siempre faltarán recursos para pagar mejores sueldos a los profesores; la crisis se encuentra en la sociedad y afecta el entorno de la educación.

Lo escrito antes no se puede interpretar como un rechazo a que la universidad pública reciba una financiación justa, correspondiente a su misión y a su esfuerzo; esta ha jugado un papel relevante durante casi dos siglos en el objetivo de alcanzar una cobertura regional conectada con los problemas locales, de mejorar las competencias del país en investigación y de ofrecer programas que favorezcan la inclusión social. Durante el siglo XIX y parte del siguiente la discusión sobre la educación pública estuvo siempre presente en la agenda de los enfrentamientos de los partidos tradicionales; en nuestros días, el debate entre lo oficial y lo privado continúa, pero por fortuna se ha moderado, puesto que se acepta que para el país resulta más provechoso contar con los aportes tanto de la educación pública como de la privada.

No puede desconocerse que entre las dificultades de la educación superior el déficit financiero juega un papel preponderante, debido principalmente a que al exigirse estándares más altos de calidad se deben elevar necesariamente las inversiones y gastos de las instituciones, tanto públicas como privadas, con lo cual la educación superior está dejando de ser un negocio fácil y lucrativo para algunas entidades, como ocurría en tiempos pasados. Sin embargo, la crisis actual va mucho más lejos de los asuntos monetarios: involucra cambios en los valores de la sociedad, especialmente de los jóvenes, que obligan a modificar el modelo de trabajo de las universidades, con el fin de poder responder a las aspiraciones y necesidades de los estudiantes y de enfrentar la llamada cuarta revolución industrial. Esta ya tocó nuestras puertas con nuevas modalidades de producción, trabajo y empleo; con la presencia cada vez más fuerte de las aplicaciones de inteligencia artificial en todo tipo de actividad profesional y laboral; y con el aporte de las novedosas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al aprendizaje. Si las universidades no entienden los cambios ya presentes, y no son capaces de adaptarse a ellos, sucumbirán o se debilitarán para dar paso a nuevas modalidades educativas, como está sucediendo.

La docencia asistida por las tecnologías de la información —lideradas por la Internet—, las posibilidades de la virtualidad y de la realidad aumentada, los nuevos enfoques pedagógicos, las redes mundiales de conocimiento y los avances de todas las disciplinas están transformando las formas de enseñar y de aprender y modificando los roles tradicionales de los maestros, los estudiantes y las instituciones educativas, tanto en los niveles básicos como en la universidad. El profesor de tiza y tablero es ya una figura arcaica en trance de desaparición y el estudiante cargado de libros, cuadernos y lápices casi no existe; las tabletas y los teléfonos inteligentes son las nuevas herramientas de trabajo, allí cabe todo el conocimiento y con ellas se crea y recrea el nuevo cosmos del saber y del aprender.

Pero además de la nueva tecnología educativa se están presentando cambios muy profundos y rápidos en la sociedad, comenzando por los demográficos, el estado de las ciencias y de los desarrollos tecnológicos, los cambios en el núcleo familiar, las estructuras mentales actuales de niños y jóvenes, las posibilidades de emplearse una vez finalizados los estudios y las transformaciones que ocurren a lo largo de la carrera laboral y profesional. El resultado es que los jóvenes han perdido el interés por las carreras tradicionales, quieren estudiar menos años y se enfocan en la posibilidad de obtener buenos ingresos en el corto plazo.

Ante estos cambios y desafíos tan profundos, las universidades tradicionales —casi siempre paquidérmicas— no responden oportunamente a la competencia que representan otras modalidades de educación, las cuales llenan espacios que dejan aquellas, lo que hace que el futuro de la mayoría de instituciones educativas sea incierto o muy complicado. Las grandes trasnacionales de la tecnología como Google, Facebook y Amazon están comenzando a incursionar en muchas áreas donde la informática tiene cabida, entre ellas en la educación. De otro lado, los MOOC o cursos universitarios internacionales en línea, como los que ofrece Coursera o edX, han despegado con millones de inscritos, en competencia directa con las entidades educativas presenciales. Para completar el cuadro pululan muchos institutos que ofrecen programas baratos, de baja calidad y de corto plazo, atractivos para los miles de jóvenes que no cuentan con recursos para pagar una carrera en las buenas universidades.

Ni el Gobierno ni las mismas instituciones de educación superior están preparados para responder rápidamente a la crisis que se avecina. Modificar los planes de estudio, ofrecer nuevas carreras, bajar precios, desarrollar programas de educación en línea, adoptar nuevas estrategias pedagógicas, adquirir tecnologías de apoyo y cambiar la mentalidad de directivos y de docentes son tareas que toman años y exigen disciplina y rigor. Además, el ambiente laboral es vago, pues si bien los países desarrollados se transforman rápidamente hacia el mundo de la inteligencia artificial, entre nosotros ese futuro es muy incierto.

Para mencionar a algunos déspotas, casi todos ellos de extracción militar, tenemos a Porfirio Díaz en México, a varios militares en Brasil entre 1964 y 1983, a los Somoza en Nicaragua, a Trujillo en República Dominicana, a Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, a Videla, Viola, Galtieri y Bignone en Argentina, a Stroessner en Paraguay, a Banzer en Bolivia, a Pinochet en Chile, a Fulgencio Batista y Fidel Castro en Cuba (más de sesenta años en el poder), a Duvalier en Haití y a muchos otros autócratas de una extensa y vergonzosa lista. Hasta hace una década nuestra región fue caldo de cultivo para las dictaduras, lo que llevó a que en el mundo se asociara la idea de golpes militares con América Latina.

Colombia, afortunadamente, ha sido una excepción a esta regla a lo largo de su historia republicana de dos siglos; claro que con matices y cortas interrupciones a los gobiernos democráticos. En el siglo XIX tuvimos dictadores, pero no dictaduras en el sentido en que son conocidas hoy. Las fricciones entre los Estados soberanos, con sus respectivos caudillos, permitieron el ascenso al poder de varios militares, pero pocas veces a raíz de un golpe militar, sino por la vía electoral, y casi siempre en alianza con alguno de los dos partidos tradicionales. Hubo Mosqueras, Obandos y Melos, pero fueron derrocados o se sometieron a las reglas del juego político electoral.

En el siglo XX, por otra parte, tuvimos una dictadura, la del general Gustavo Rojas Pinilla, a quien muchos consideraban blandengue y quien llegó al poder a través de lo que Darío Echandía consideró un “golpe de opinión”, de la mano de uno de los dos partidos. Sin embargo, cayó a los tres años, también con la intervención de un movimiento bipartidista.

Hemos tenido buenos y malos gobiernos, pero se ha respetado la voluntad popular expresada en las urnas, y, prácticamente, en nuestro suelo no han existido tiranías, lo que es una bendición. Aquí existe la posibilidad de que gobernantes de diferentes ideologías alternen en el poder, así hayamos tenido hegemonías, como la que se inició en 1886 y mantuvo al Partido Conservador durante medio siglo en el poder, o la más corta, que llevó al liberalismo a gobernar entre 1930 y 1946. Algunos intelectuales de izquierda consideran que, a partir de la Independencia hasta nuestros días, se instauró una hegemonía liberal-conservadora, pero lo mismo podría predicarse de Inglaterra, Estados Unidos y otras naciones democráticas.

Lamentablemente, nuestra hermana República de Venezuela viene sufriendo desde hace 20 años una dictadura que, poco a poco, se ha convertido en tiranía, con algunos ribetes electorales, mas no democráticos, y un dominio militar claro, todo ello bajo la tutela de Cuba. Al manejo dictatorial antidemocrático, que se aprovecha de los mecanismos formales electorales, se suman otras condiciones de la revolución del socialismo del siglo XXI, que agravan la situación de nuestros vecinos no solo por su ideología marxista-cubana, sino por la torpeza de los presidentes Chávez y Maduro. La que fue tal vez la nación más rica de la región se convirtió en un territorio de hambruna y miseria. En dos décadas de populismo neomarxista se ha destruido el aparato de producción, se han desvencijado las instituciones, se ha perdido la tranquilidad ciudadana y se ha corrompido hasta los tuétanos el poder. A diferencia de la mayoría de dictaduras militares, las de Cuba y Venezuela han arruinado a sus pueblos al aplicar el marxismo trasnochado a las reglas de la economía.

Conceptos y principios como libertad, respeto al ciudadano, división de los poderes públicos, derechos humanos, alternancia en el manejo del Estado y justicia independiente pueden sonar huecos y retóricos cuando se pronuncian o se leen, mas no cuando se padece por su ausencia. Hoy los ciudadanos venezolanos están sufriendo directamente lo que es la pérdida de los derechos mínimos, la falta de libertades, la manipulación de la justicia, la amenaza física de la bota militar, la imposibilidad de reemplazar a un gobernante inepto por la vía democrática, y —por si ello fuera poco— la destrucción de la economía y de la riqueza. La falta de libertades es dura, pero cuando se acompaña de hambre, enfermedad y terror es intolerable.

Aprendamos del dolor de nuestros hermanos venezolanos: que el sufrimiento de ese pueblo digno nos sirva de ejemplo para no caer dentro de un tiempo en la trampa del populismo socialista del siglo XXI.

aparecer como pesimista, pero, con frecuencia, corresponde a la realidad; afortunadamente la mayoría no suele tener mucha conciencia de la necesidad de crecer y progresar, y no se atormenta con ese tipo de consideraciones.

En el caso de Colombia, si los pronósticos se realizan de una manera racional y científica, con fundamento en la capacidad real de crecimiento, mirando las tendencias, el progreso de los últimos años, y factores positivos y negativos de la vida social y de la economía, probablemente el año que comienza va a resultar plano, al menos para la nación, como agregado. Es mejor el realismo ilustrado que vivir de ilusiones, escuchar los discursos optimistas de los gobiernos, o soñar con mejoras que probablemente no llegarán. El progreso, cuando ocurre, suele ser lento, paulatino, casi imperceptible, con excepciones como la de los tigres asiáticos —comenzando con China—, y, en esos casos, los resultados se obtienen gracias a décadas de preparación silenciosa.

No existen muchas razones para pensar que el nuevo año va a ser maravilloso, como tampoco las hay para intuir que será malo: es mejor tener un optimismo moderado, querer y hacer lo posible para que las cosas salgan razonablemente bien sin crear expectativas inalcanzables. La economía viene en lenta recuperación con crecimientos moderados, y, de continuar con ese ritmo, nos tomará más de un cuarto de siglo alcanzar el nivel de vida que tienen hoy países como España e Italia, y más de una década alcanzar a Chile, en nuestro continente.

Este nuevo año tendremos un impacto menor por cuenta de la Ley de Financiación o minirreforma tributaria, impulsada por el ministro Carrasquilla, y en los sucesivos el impacto podría ser neutro o negativo. Algunas inversiones podrían activarse con las medidas adoptadas en la misma ley, como sucede con las relacionadas con la economía naranja y las que pudieran hacer los grandes grupos económicos; el alza de salarios podría contribuir en menor grado a mejorar el nivel de consumo de los que devengan el salario mínimo, pero no será un renglón que incentive el empleo; los precios de las materias primas están estancados, incluyendo el petróleo que es para nosotros importante por las implicaciones fiscales; la producción industrial se mantiene, pero sabemos que es de bajo valor añadido; la productividad, base del poder de competitividad, sigue en niveles bajos. Lamentablemente, podrá seguir creciendo la renta de los narcocultivos, lo cual aporta poco a la economía nacional y, en cambio, exige mayores gastos en defensa y justicia. Para finalizar, viviremos el efecto de la política, cada vez más enredada y polarizada: las elecciones locales de octubre marcarán la agenda del Congreso y serán un factor de agitación, pues constituyen el indicador principal de aprobación del gobierno Duque.

Del ámbito gubernamental podrían esperarse mejores resultados que los del año anterior, mas no extraordinarios.

—inicialmente bajo el Ministerio de Educación— que llegó al estatus de departamento en los últimos años. Colciencias ha cumplido la tarea encomendada organizando un sistema de ciencia con líneas de financiación a proyectos en diferentes campos (agricultura, educación, salud, ciencias básicas, sociales, etc.), definiendo criterios para la clasificación de grupos de investigación, apoyando mediante becas a estudiantes de doctorado y propiciando encuentros entre investigadores. ¿Qué más podrá hacer el nuevo ministerio? Los escépticos sostienen que aquí se pretende resolver todos los problemas con leyes, con nuevos entes burocráticos o con mayores presupuestos públicos, y al final muy poco se soluciona.

Desde hace tiempo se dice que la investigación en Colombia está pobremente financiada y eso es cierto: el presupuesto de Colciencias fue este año de 340.000 millones de pesos, mientras que en países desarrollados puede ser cien veces superior en relación con el PIB. La investigación es costosa: sobre todo lo son los investigadores que en algunas universidades públicas ganan más de 20 millones de pesos mensuales. El problema es el bajo costo-beneficio de la mayor parte del gasto en investigaciones, cuando es medido por las publicaciones meritorias en revistas indexadas, por el valor y utilidad de muchas de las tesis doctorales o por las patentes aprobadas. Los resultados de la investigación nacional a lo largo de los últimos cincuenta años han sido tan exiguos que los gobiernos y el Congreso han perdido la confianza en ella como inversión que renta, social o económicamente.

Pensamos ingenuamente que invertir en ciencia dura es como construir carreteras, edificar escuelas, extender las comunicaciones o aumentar el número de doctores, cuando la esencia del problema está incrustada en lo más profundo de nuestra cultura, por no decir que del ADN. Desde la larga etapa colonial de más de tres siglos existe una actitud adversa a lo científico, que se mantuvo en la etapa republicana. A continuación, en el pasado siglo, los latinoamericanos, con excepciones honrosas, hemos ignorado o eludido la ciencia, bien porque no la entendemos o bien porque jamás se nos inculcó desde la niñez.

Algunos piensan que podemos dar el salto directo a la tecnología y a la innovación ignorando que estas tienen una línea de conducción directamente relacionada con las ciencias básicas, la matemática, la estadística y ahora con la gestión de datos. Otra equivocación es pretender que mediante la formación de doctores (Ph. D.) en grandes cantidades, y en universidades con poca capacidad investigativa, resolveremos la situación. Con todo respeto hacia los doctores, cabe señalar que muchos de estos no son investigadores idóneos y su producción científica es casi nula; la investigación implica una formación especial muy profunda y larga en los diferentes campos del conocimiento y en las diversas metodologías de indagación. Estas capacidades no están limitadas al mundo anglosajón o a Europa: hoy Japón, China, Corea y otros países asiáticos están adelantando investigaciones sofisticadas de tipo experimental y no experimental, mientras nuestra región, incluyendo a México y Brasil, aporta un porcentaje bajo de los resultados.

En investigación, tecnología e innovación debemos preguntarnos qué debe ir primero, ¿el huevo o la gallina? Sin recursos económicos no se impulsará la investigación, pero invertir en investigación puede resultar improductivo, al menos en el mediano plazo, cuando hay tantas necesidades y proyectos más rentables. Ojalá el nuevo ministerio resuelva el acertijo y encuentre las mejores opciones para invertir en proyectos que, mediante métodos rigurosos de investigación adelantados por personal idóneo, resuelvan problemas nacionales y universales, y produzcan verdadero impacto en la sociedad.

Por otro lado, en países con una cultura de administración pública diferente a la nuestra existen agencias especializadas que producen más resultados que los ministerios, mientras que en otras partes el modelo organizativo se fundamenta en un número grande de carteras ministeriales, muchas de menor importancia. Nosotros ya tenemos 15 ministerios y, además del correspondiente a Ciencia, se creó hace poco el de Cultura, mientras que el de TIC reemplazó al de Comunicaciones. También se han propuesto carteras para la Mujer, la Paz, la Juventud y el Deporte.

Lo mejor de la Ley de Ciencia es su sencillez y sus objetivos concretos: desarrollar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), elaborar políticas públicas que impulsen la ciencia y eleve su calidad, fomentar las ciencias básicas, aplicadas o de transferencia y crear ejes transversales que visibilicen su papel en cada sector de la vida nacional, elaborar los Planes Nacionales de Ciencia, crear institutos de investigación y comprometer a las regiones en el trabajo científico.

Existe un movimiento de la academia, respaldado por amplios sectores de opinión, que reclama mayor atención para la educación, la ciencia y la cultura, y que ya está cosechando frutos en cuanto a la asignación de mayores partidas presupuestales destinadas a la educación superior y básica, y en el futuro, a la ciencia. Creo que todos estamos de acuerdo en que, si anhelamos cambios paradigmáticos de fondo y de largo plazo, necesitamos fortalecer la educación y las investigaciones científicas y tecnológicas, ser más innovadores y emprendedores; en lo que no estamos de acuerdo es en el camino a seguir para llegar allá. Ojalá esos frutos se traduzcan en un cambio social de fondo, en el fortalecimiento de la cultura del experimento, de la innovación y del emprendimiento, y en una juventud con alto sentido ético y estético, mejor capacitada para enfrentar los desafíos de la nueva economía.

Murió a los 95 años como si hubiera vivido dos siglos, por su compromiso con causas superiores, por sus múltiples batallas, por la intensidad que imprimió a su existencia en diversos ámbitos y los campos de acción que abarcó, y, también, por los muchos años vividos, gracias a su salud y fortaleza física. Se sabe que dormía menos de 4 horas diarias y que su mente trabajaba sin descanso el resto del tiempo, ya dedicado a las lecturas, a los estudios, o al diálogo en permanentes tertulias y reuniones de trabajo.

Estamos, pues, ante un caso singular y ejemplar, que, a pesar de su alta posición, llevó un modo de vida sencillo, familiar, casi campesino, sin aspavientos ni exigencias. Por ello, la imagen proyectada por Belisario —como lo llamó el país— fue la de un hombre de familia sencillo y bonachón, dedicado al cultivo de las letras y a la cultura, amigo leal, honesto, trabajador, astuto en las lides políticas, pero con carácter independiente; todo ello sin abdicar de sus creencias cristianas y conservadoras. Por lo que fue y por lo que construyó, Belisario puede ser considerado uno de los grandes del país.

Quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado somos testigos de su devoción a la patria, su respeto por la institucionalidad y las leyes, su fidelidad a la tradición y la historia, su fe en la capacidad de superación de la sociedad colombiana, su decisión inquebrantable en la búsqueda de la paz, su preocupación por la inequidad y la injusticia social, y su entusiasmo por las artes, las culturas autóctonas y las letras hispanoamericanas.

El lema de la campaña que lo llevó a la presidencia fue “Sí se puede”, consigna que advertía que con empeño se pueden superar las barreras más altas. Así, después de tres intentos fallidos, ganó las elecciones para presidir un Gobierno de amplia participación en circunstancias difíciles como pocas veces se habían presentado, ya por fenómenos de la naturaleza —como el terremoto de Popayán y la desaparición de Armero—, por motivos políticos y de orden público —como la toma sangrienta del Palacio de Justicia perpetrada por el M-19, la muerte de miles de seguidores de la Unión Patriótica que hizo fracasar los intentos por alcanzar una paz con las FARC, y el asesinato de Lara Bonilla, que condujo al país a una guerra sin cuartel contra las mafias del narcotráfico—, o por circunstancias adversas de la economía —como la crisis financiera de los ochenta, que supuso la toma de medidas heroicas para salvar la banca y la sostenibilidad nacional—. A pesar de tan difíciles obstáculos, Betancur demostró que sí se podía.

La vida del expresidente abarcó cuatro períodos. El primero comprende su niñez en un hogar campesino pobre de Antioquia, sus estudios en la escuela rural y en el seminario, y finalmente su formación como abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El segundo período, largo y lleno de sacrificios, abarca cerca de 30 años en los que forjó su carrera diplomática, política y de periodista hasta llegar a la Asamblea Constituyente, y, posteriormente, al Congreso como seguidor de Laureano Gómez. La tercera etapa comprende sus campañas presidenciales frustradas, como conservador e independiente, hasta llegar al poder en 1982, e incluye sus cuatro años de gobernante. La última etapa, también de unos 30 años, fue fecunda en realizaciones, pero ocurrió lejos de la política: constituyó el período más intenso de su actividad como promotor cultural y como intelectual, desarrollada en buena medida desde la Fundación Santillana para Iberoamérica y desde la academia.

Belisario vivió una vida larga, ejemplar y envidiable, plena de trabajo y sacrificio, pero a la vez colmada de realizaciones, y, por ello, ha entrado con todos los méritos al panteón de los grandes de Colombia. Merece un justo descanso.

Lo que viene sucediendo en los últimos días merece atención porque podría llegar a ser la forma de presión más utilizada en los próximos cuatro años. Este método puede convertirse en un dolor de cabeza no solo para el Gobierno, por las perturbaciones al orden público, sino también para la ciudadanía, por las amenazas a la tranquilidad y los desmanes que estos movimientos casi siempre conllevan.

Las marchas en sí no son censurables, pues constituyen una forma democrática de expresar molestias o insatisfacciones, pero este tipo de expresiones populares deben obedecer reglas, tener un carácter pacífico y ser estrictas en cuanto a los tiempos, formas y lugares en el que transcurren. De hecho, en Colombia, como en casi todos los países, existen condiciones para hacer manifiesto el descontento, aun cuando no obedecen a reglamentos claros. Antes de tomar posesión del cargo, el nuevo ministro de Defensa se pronunció sobre la necesidad de reglamentar este tipo de expresión, ante lo cual le cayeron rayos y centellas.

Se dice que en las manifestaciones públicas la mayoría de los participantes son personas de bien que simplemente expresan su inconformismo de manera tranquila, sin la intención de alterar el orden o causar molestias al resto de ciudadanos, pero que algunos perturbadores profesionales, casi siempre encapuchados, se cuelan para generar intranquilidad y causar todo tipo de vejámenes. ¿Cómo podemos distinguir los manifestantes tranquilos de los saboteadores?

No faltan razones para que existan los descontentos: los presupuestos no alcanzan para cubrir todas las necesidades y aspiraciones, todavía un sector amplio de la población vive en condiciones de pobreza relativa y absoluta, la corrupción de los diferentes centros del poder público sigue campeando, existe un sentimiento de inseguridad generalizado, la economía no despega… Sin embargo, atribuir estos problemas a Duque es equivocado e injusto. Él y su equipo necesitan tiempo.

Entonces, más allá de justificaciones serias que puedan respaldar algunas de estas expresiones populares, existen otros móviles detrás de las marchas estudiantiles y de otras que se anuncian. Es posible que se esté orquestando una movilización permanente e intermitente para crear un sentimiento de zozobra que deteriore el ambiente de confianza que necesita cualquier gobierno para impulsar su agenda de cambios. Si a esto se suma la resistencia del Congreso para sacar adelante las iniciativas de origen gubernamental, estaríamos avanzando hacia una tormenta perfecta en pocos años. No olvidemos que el propio Gustavo Petro anunció la misma noche de la elección presidencial que se prepararía para abanderar la protesta social y él es experto en esa clase de movilizaciones.

No se trata de ver fantasmas donde no existen, pero tampoco de caer en la ingenuidad de pensar que las movilizaciones estudiantiles son completamente ajenas a móviles de índole política. Si esto está ocurriendo a menos de cien días de instalación del nuevo Gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Se necesita mucho diálogo y serenidad, pero a la vez mano firme y no caer en la estrategia equivocada de ceder ante cada marcha, o negociar con dineros que no existen. Si el Poder Ejecutivo se queja de que faltan 14 billones de pesos para cerrar el presupuesto de 2019, esto sin apropiar recursos necesarios en varios frentes, ¿de dónde saldrán los fondos para financiar las protestas de los próximos tres años?

Se necesitará mucho tino para saber cruzar la frágil línea que se traza entre la defensa de legítimos intereses de sectores ciudadanos que deben respetarse en el Estado de derecho y las pretensiones de movimientos de oposición de crear caos y descontento.

El tema impositivo es tan importante que tradicionalmente ha sido la principal razón de ser de los parlamentos. No se puede desconocer que existe una relación entre impuestos, presupuesto, programas sociales y regla fiscal, por lo cual en cada caso debe procederse con enorme cautela y responsabilidad. Quince reformas tributarias en los últimos 30 años demuestran la poca seriedad de los gobiernos en una materia tan delicada. Cada vez que se presenta un proyecto para modificar los tributos se le dice al país que esta sí será la verdadera reforma estructural y la última con la que se corregirá de una vez por todas el crónico déficit que desde hace años afecta los recursos de la nación.

Si bien es cierto que los principales contribuyentes son las grandes empresas y que parte considerable de los ciudadanos está por fuera de la base tributaria, las decisiones sobre impuestos afectan no solo a los empresarios grandes y medianos, sino a los contribuyentes individuales —la mayoría perteneciente a la clase media— y a la ciudadanía general, incluyendo a los más pobres, quienes deben pagar automáticamente el impuesto al valor agregado (IVA).

Al final, ¿quién se beneficia del aumento de las mayores cargas tributarias? Los mayores ingresos le sirven al Gobierno para adelantar algunos programas sociales y de inversión, al paquidérmico aparato estatal con su burocracia parasitaria, a los contratistas corruptos y, en menor grado, a los beneficiarios de subsidios, que cuestan en su conjunto cerca de 80 billones de pesos cada año. También es cierto que las administraciones están obligadas a ejecutar un presupuesto amarrado por compromisos ineludibles como las pensiones y el pago de la deuda. Se requieren más recursos y muchos contribuyentes estarían dispuestos a pagarlos, pero existe desconfianza sobre la manera como se van a utilizar.

En defensa del alza de los tributos se dice que en los países escandinavos las tasas que pagan los ciudadanos y las empresas son muy altas, superiores al 50 % de los ingresos, pero también los beneficios que reciben del Estado lo son, puesto que el ejercicio fiscal es serio y agrega valor a las economías, mantiene un estado de bienestar y, al final, los ingresos netos después de impuestos son suficientemente altos. Aquí no sucede lo mismo: somos ineficientes, despilfarramos los escasos recursos en gastos suntuarios (viajes, propaganda y publicidad, proyectos improductivos) y el gasto añade poco valor al crecimiento. En otras palabras, el pago de impuestos está deslegitimado y la evasión y elusión son enormes.

Existen dos problemas asociados con los debates sobre impuestos: en primer lugar, no hay planes de gastos e inversiones de envergadura respaldados por la opinión y plasmados en los proyectos de Estado de largo plazo; en cambio, existe un alto margen de improvisación y priman los proyectos de corto y mediano plazo. Además, solo una parte menor del recaudo se aplica a inversiones, mientras las diferentes administraciones se pliegan ante las presiones de empresarios, políticos regionales, sindicatos, estudiantes, camioneros, etc. Por otra parte, se toman decisiones con cifras inexactas sobre las reales necesidades fiscales y nadie sabe realmente que es lo requerido. El Gobierno saliente afirma que no dejó un presupuesto deficitario, mientras que la administración actual sostiene que recibió un déficit de 14 billones de pesos. ¿A quién creerle? En Estados Unidos y en otros países serios eso no sucede, pues agencias independientes del Gobierno y del Congreso son las encargadas de definir los faltantes o los superávits.

Sorprende cómo se juega en el Congreso y en el propio Gobierno con numerosas alternativas sacadas cada día de la manga para tapar huecos, las cuales han sido calificadas por la revista Semana como un verdadero Frankenstein, tales como mejorar la eficiencia de la DIAN, impuesto a dividendos de más de 10 millones de pesos, IVA presuntivo, impuesto para la venta de vivienda usada de más de 980 millones de pesos, elevar los impuestos a dividendos y remesas, gravar las utilidades de los bancos en 3 puntos adicionales, sobretasa a patrimonios líquidos superiores a 5.000 millones de pesos, impuestos para las pensiones, IVA para la cerveza y las bebidas azucaradas. Lo anterior se ha proyectado a fin de recaudar 14 billones de pesos, o, en último caso, 6 billones, como si se escarbaran fichas para utilizar en un juego de mesa. Para algunos, ese juego demostraría la astucia y la imaginación de funcionarios y políticos; para otros, representa una ausencia de profesionalismo en las decisiones de macropolítica económica. Al tiempo que se inventan toda clase de posibles imposiciones, se le siguen dando gabelas a las grandes empresas para que inviertan y se mantienen exenciones y ventajas tributarias a determinados sectores.

Si la situación fiscal es tan apretada como dice el ministro Carrasquilla, lo debido es que el Gobierno se apriete el cinturón y no se acuda como siempre al bolsillo de los contribuyentes.

ambiente que no satisface ni a los adversarios políticos ni a quienes acompañaron al presidente en su elección. Nixon, en su discurso “La mayoría silenciosa” de 1969, definió al líder político en los siguientes términos: “Ha de estar en la disposición de adoptar actitudes impopulares cuando estas sean necesarias, y cuando encuentre necesario adoptar una medida impopular tiene la obligación de explicarla al pueblo, pedir su apoyo y conquistar su aprobación”. El gobernante debe mantener abierta una comunicación para decir lo agradable y lo desagradable, para educar y para mantener la confianza de la población.

Estas encuestas son curiosas y quizá injustas, pues Duque ha sido fiel a sus promesas (tal vez con excepción de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento). Ha mostrado una excelente voluntad para ejecutar iniciativas favorables a las comunidades; se rodeó de un equipo técnico idóneo sin tener en cuenta las presiones politiqueras; es un hombre decente, tranquilo, trabajador (dice que duerme apenas 4 horas cada noche); y despliega energía en sus innumerables viajes dentro y fuera del país, por lo cual no merecería el resultado de la reciente encuesta. Además, ha mantenido el respeto por los acuerdos de paz, asunto que preocupaba a varios sectores, y su relación con Uribe ha sido de respeto mutuo y no de sumisión, como algunos auguraban y otros deseaban.

Duque sabía que enfrentaría problemas técnicos como la financiación del déficit fiscal y la necesidad de utilizar la imposición tributaria como una forma de reorientar el gasto y la inversión, temas de fondo que varios sectores pudientes no dejan tocar pues amenaza privilegios ya institucionalizados. De otra parte, el nuevo presidente era consciente de la necesidad de actuar frente a conductas enquistadas que implican un fuerte desgaste político y personal, como acabar con la “mermelada” y atacar las raíces de la corrupción, problemas que no han sido ajenos a las decisiones tomadas en los primeros cien días. Lo que está por descubrirse es si Duque es un buen presidente técnico o más bien un líder transformador.

Tenemos varios referentes de jefes de gobierno que han actuado desde el enfoque técnico y otros desde el liderazgo transformador. Alberto Lleras Camargo fue un ejemplo de los últimos: visionario y estadista institucional, proyectó con Laureano Gómez el Frente Nacional, que contribuyó a calmar las pasiones y odios partidistas y creó un clima de construcción social que marcó nuestra vida civil por años. En el enfoque técnico estaría la mayoría de gobernantes: por ejemplo, Virgilio Barco o Julio César Turbay, quienes, sin proponerse cambios institucionales, dieron un manejo de ingeniería social para sortear problemas concretos de índole técnica. En medio de los anteriores, podríamos situar a Carlos Lleras Restrepo, tecnócrata por excelencia, pero a la vez líder transformador, que concibió una nueva forma de ver el desarrollo y la organización de la administración pública. Finalmente, existe una cuarta categoría en la que caben gobernantes que ni son grandes tecnócratas ni verdaderos líderes transformadores.

¿Dónde podríamos ubicar a Duque? ¿Es un tecnócrata o un estadista? Aún es muy temprano para anticipar una respuesta, pero lo que ha mostrado en sus primeros cien días de gobierno es que se inclina más hacia la tecnocracia que hacia el liderazgo renovador. El asunto es que, en este momento del transcurrir nacional, pareciera que se necesitan ambas cosas: es necesario resolver los problemas técnicos, pero, a la vez, el país necesita crear una nueva visión de sociedad y remover obstáculos estructurales que tienen raíz en la cultura ciudadana, hacen parte de nuestro ADN, y son difíciles de eliminar.

No debe olvidar nuestro mandatario que una cosa son sus electores, a quienes conquistó para ganar apoyo electoral, y otra cosa diferente los gobernados, es decir, toda la ciudadanía, que exige otro enfoque de comunicación y de relacionamiento. En ambos casos debe procurarse el ejercicio de la capacidad de influencia sin depender de los vaivenes de la opinión. No es fácil interpretar las encuestas, calibrar los pareceres, ni manejar las reacciones de amigos y contradictores.

Sabe muy bien el presidente Duque que existen diferentes espectros de opinión que deben ser entendidos y atendidos, tales como la ciudadanía, las ramas del poder, sus cercanos colaboradores, los medios de comunicación, la comunidad internacional y el empresariado, por citar algunos. No son ni Maluma ni Carlos Vives quienes van a ayudarle a conectarse con el país y sus problemas, sino una actitud madura, firme, visionaria, cercana al pueblo, pero a la vez distante cuando corresponda. No hay que caer en la esclavitud de las encuestas; sin embargo, debe entender que la luna de miel ya pasó, que el país se ha exacerbado, que las redes sociales son peligrosas, que existe problemas técnicos que pueden resolver sus él y sus ministros, pero que en el trasfondo estamos inmersos en situaciones críticas, las cuales demandan acciones intrépidas.

Los países esperan mucho de sus gobernantes: orientación, seguridad, tranquilidad, optimismo, equilibrio, innovación. Duque tiene muchas aptitudes para mostrar un nuevo estilo, pero requiere tiempo. Cien días no son suficiente: necesitamos esperar por lo menos un año para saber si los colombianos acertamos en su elección.