Seis años después de que el Gobierno comenzó a entregar concesiones para realizar fracking, aún no se llega a un acuerdo en la implementación de esta polémica técnica.
Es innegable que la economía del país depende en gran parte de las reservas de petróleo y gas, también es comprensible la preocupación del Gobierno colombiano por el inminente descenso en estas reservas; sin embargo, esta preocupación ha estado presente desde el siglo pasado. La gran diferencia es que hoy los avances tecnológicos han permitido mirar hacia otras técnicas que pueden generar grandes beneficios económicos adicionales como el fracking.
En el 2012 la Agencia Nacional de Hidrocarburos capacitó a 235 funcionarios con el fin de conocer de primera mano una nueva técnica de fracturamiento hidráulico de roca generadora en los Estados Unidos, país que le había apostado a esta novedosa técnica de fracking hacía más de una década; sin embargo, en sus comienzos no tuvieron en cuenta los grandes impactos ambientales que generaron debido a la fuga de residuos contaminando aguas subterráneas, la emisión de gas metano y el aumento en la sismicidad; estos fueron más evidentes a medida que el uso de la técnica fue ampliada por su viabilidad económica, evidenciando que el aumento en la producción de hidrocarburos incrementaba también el impacto ambiental.
A pesar de que se desarrollaron reglamentaciones más fuertes para mitigar este impacto, se generó una polémica mundial alrededor del fracking. Por supuesto, en este momento es uno de los temas más controversiales en el país, debido a que estamos ante una situación global muy particular y delicada: mientras en Colombia estamos pensando en producir grandes cantidades de petróleo, el mundo se está enfrentando a las consecuencias ambientales producto de estos combustibles fósiles y busca caminos para transitar hacia combustibles limpios, lo que genera temor en la población; pero esto no puede ser una excusa para descalificar sin fundamento.
Es evidente que la técnica del fracking, al ser tan novedosa, implica cambiar la reglamentación para garantizar una adecuada gestión ambiental, ya que, de no tomarse las medidas pertinentes, los riesgos para el medio ambiente y la salud humana serían bastante altos.
En cuanto a los riesgos sobre la oferta hídrica, está demostrado que la cantidad de agua que se debe utilizar para perforar un pozo con la técnica de fracking está entre los 20 y 45 millones de litros, de los cuales solo el 10 % es recuperada con técnicas de descontaminación, sin embargo, los desarrollos de nuevos procedimientos están permitiendo que la recuperación de agua sea cada vez mayor e incluso existe una nueva técnica denominada dry fracking que no requiere agua para fracturar.
Por otro lado, se ha observado que existen otras posibles vías de contaminación de acuíferos someros debido a fugas de gas a través de la tubería de perforación, o como producto de la extensión de fracturamiento por la presencia de pozos sellados que se ubican cerca de pozos de fracking. También se ha informado acerca de la presencia de gas disuelto en el agua que proviene de los acueductos en las poblaciones cercanas a campos de extracción por medio del fracking en Estados Unidos, y se ha demostrado –como lo manifiestan publicaciones de alto nivel científico como Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)– que el agua potable ha sido contaminada por fallos en los primeros metros de la cubierta de los pozos verticales, que son instaladas, precisamente, para prevenir la fuga de gases hacia los acuíferos.
Es importante resaltar la iniciativa del Gobierno de convocar a un grupo interdisciplinario de académicos y expertos para que rindiera un informe sobre el conocimiento de la técnica, sus opiniones y sus recomendaciones acerca de la implementación del fracking. Esa comisión recomendó la realización de un proyecto piloto (Proyecto Piloto de Investigación Integral - PPII) que debe estar “sujeto a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por lo tanto, de naturaleza temporal”2.
También hay que señalar, que el proyecto piloto está condicionado a una serie de obligaciones y que, de ser implementadas adecuadamente, representarían un primer paso para evaluar la viabilidad de esta técnica. Vale la pena recordar que las recomendaciones para la realización del proyecto piloto desde la perspectiva social, ambiental e institucional, coinciden con la función de advertencia que en el año 2012 la Contraloría emitió, ya que la reglamentación técnica con la que cuenta el país no coincide con el conocimiento técnico y ambiental necesario para hacer cumplir las normas.
Según la Contraloría, se estarían poniendo en riesgo los recursos hídricos de manera irreversible al no adoptar medidas que permitan prevenir o evitar efectos negativos sobre los recursos hídricos. En efecto, uno de los recursos naturales más sensibles a esta técnica extractiva es el agua subterránea y en Colombia existe un riesgo mayor si se tiene en cuenta que es un recurso que se desconoce en parte porque no es visible en la superficie y la información técnica sobre los acuíferos es insuficiente. Según el ENA (2018), solo se tiene identificado el 30,8 % de los sistemas acuíferos, con un nivel de conocimiento aceptable para hacer una gestión adecuada del recurso, a pesar de que se incrementó en un 14,07 % el estudio regional y local de acuíferos en los últimos cuatro años.
Uno de los aspectos más críticos dentro de las recomendaciones de los expertos, es la necesidad de fortalecer la institucionalidad para hacer seguimiento a las estrictas regulaciones establecidas para el fracking y que más que una recomendación, es un llamado de atención al gobierno para que se implemente un riguroso seguimiento por parte de las autoridades ambientales que obligue a todas las técnicas extractivas a cumplir las regulaciones.
1. Roca generadora: “Roca rica en contenido de materia orgánica que si recibe calor en grado suficiente generará petróleo o gas”, (Oilfield Glossary, SChlumberger).
2. Informe final comisión de expertos, 2019.
