Acontecimientos como la crisis del Estado de bienestar, la crisis financiera de los países de América Latina originada en la desmedida deuda pública y la promulgación de la Constitución Política de 1991, que por su propia condición produjeron afectaciones sobre el Estado y su dinámica, conllevan una redefinición de la fiscalidad tanto en su definición como en su orientación.
Lo anterior es posible, además, por las transformaciones originadas en distintos países, especialmente los emergentes, luego de la aprobación del Tratado de Bretton Woods y posteriormente del Consenso de Washington, en 1944, a través de los cuales se fijaron para los Estados una serie de principios acerca de la gestión privada de los medios de producción, la libertad de mercados, la disciplina fiscal, la inserción en el comercio mundial y la permanencia del esquema internacional relativo al pago de la deuda externa. Tales principios son: la disciplina fiscal, la inflación como parámetro central de la economía, las prioridades en el gasto público, la reforma tributaria, las tasas de interés, el tipo de cambio, la política comercial, la Inversión Extranjera Directa (IED), las privatizaciones y la desregulación.
Actualmente, el problema central para el Estado consiste en actuar bajo esos lineamientos y responder a la nueva configuración trazada por el mismo. Así las cosas, la fiscalidad entendida como un “Sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los impuestos” (Real Academia Española, 2014) debe dar paso a una nueva concepción; es decir, debe reconfigurarse hasta el punto de ser entendida como el mecanismo de regulación, control y distribución de la riqueza encaminado a garantizar la sostenibilidad económica del Estado bajo condiciones de gobernabilidad. Mecanismo por cuanto la fiscalidad está conformada, además de las normas jurídicas materializadas en el derecho tributario, por las presiones sociales, la dinámica propia de la acumulación del capital y la vinculación con organismos de crédito internacional.
La sostenibilidad consiste en lograr ingresos suficientes de acuerdo con las necesidades económicas y sociales del Estado. Entre tanto, la gobernabilidad, haciendo uso de la legitimidad del Estado, entiende como el grado de maniobra que tiene la administración en la gestión y toma de decisiones.
Fuente: Real Academia Española. (2014). Fiscalidad. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.).
