¿La inequidad en la distribución de la tierra ha sido un motor del conflicto armado o un obstáculo para el desarrollo rural en Colombia? Los profesores del programa de Economía de la Universidad Central que conducen el espacio radial Central Económica respondieron a este interrogante y profundizaron en la histórica concentración de la propiedad de la tierra en Colombia y su relación con la pobreza rural y el conflicto social.

Asimismo, discutieron las oportunidades que el Acuerdo de Paz ofrece para transformar esta realidad mediante una reforma rural integral. Con la participación de especialistas, abordaron los mecanismos propuestos en el Acuerdo de Paz para redistribuir la tierra, mejorar el acceso a crédito y asistencia técnica, fortalecer la institucionalidad agraria y promover la participación de la sociedad civil.

La tierra, el poder y la desigualdad: el Acuerdo de Paz como alternativa hacia la equidad

La concentración de la propiedad en pocas manos ha marcado la historia de Colombia. Ha sido determinante en la generación de pobreza rural, migración, limitaciones en la producción de alimentos y exacerbó el conflicto social. Esta profunda inequidad ha sido una de las principales causas del conflicto armado que ha azotado al país durante décadas y continúa siendo un obstáculo para el desarrollo rural y la construcción de una paz duradera.

El informe "Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia", elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), presentó un panorama alarmante: aproximadamente el 1 % de los propietarios concentra el 70 % de la tierra rural. Esta cifra desnuda la profunda desigualdad que existe en la distribución de este factor fundamental para la vida y el desarrollo de las comunidades rurales.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera representó un hito histórico en la búsqueda de una Colombia más justa y equitativa. En su Punto 1, sobre Reforma Rural Integral, el Acuerdo reconoce la importancia de abordar la desigualdad en la distribución de la tierra como un elemento fundamental para alcanzar una paz duradera. Lo establecido en el Acuerdo constituye una hoja de ruta para transformar la realidad rural del país que se puede concentrar en cuatro aspectos:

El Acuerdo de Paz no solo reconoce la necesidad de una reforma agraria integral, sino que también establece mecanismos para su implementación. La creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) son ejemplos de ello.

Lograr una distribución más justa de la tierra en Colombia no solo es un asunto de justicia social, sino que también es fundamental para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la construcción de una paz duradera y la consolidación de una Colombia más justa y equitativa para todos.

La tierra debe ser un símbolo de oportunidad y bienestar para las comunidades rurales, no un instrumento de exclusión y desigualdad. En este sentido, queda una pregunta por resolver: ¿El Acuerdo de Paz, con su enfoque integral sobre la Reforma Rural Integral, representa una oportunidad histórica para transformar la realidad rural de Colombia y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa?

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Central Económica
Programa de Economía
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2024
Imagen: Freepik

Ena Yuritze Barón, profesora del programa de Mercadología de la Universidad Central desde hace más de 10 años, recientemente obtuvo el segundo lugar en la categoría “profesor del año” de TOP10, los premios de la reconocida revista P&M que distinguen a marcas, agencias, profesores, estudiantes y líderes de la industria del marketing, las comunicaciones y la publicidad en Colombia. Además, se ha destacado en varias oportunidades durante su trayectoria como docente e investigadora. 

Por ello, en ocasión del Día del Mercadólogo, celebrado el 19 de mayo en varios países de Latinoamérica, resaltamos el perfil de esta egresada y profesora de nuestra Institución, quien ha conquistado éxitos personales, académicos y laborales en el ejercicio de su profesión, por lo que se convierte en un inspirador ejemplo para las nuevas generaciones de mercadólogos.

Ena Yuritze Barón es mercadóloga egresada de la Universidad Central. Hizo una maestría en Economía, derecho y gestión con énfasis en investigación de marketing, en la Universidad de Toulouse Capitol I - IAE, en Francia. Actualmente, cursa el doctorado en Marketing de la Universidad de Valencia, España. Es especialista en investigación y se ha desempeñado laboralmente en universidades de Colombia, México y Ecuador.

Antes de graduarse de la Universidad Central, ya acumulaba experiencia por su trabajo en empresas de servicios, en el sector gráfico y en bienes raíces. Sin embargo, la UCentral le dio la oportunidad de ingresar a la docencia, lo que considera «una elección de vida» que requiere una formación constante.

Año tras año, P&M destaca a los líderes, acciones, buenas prácticas y estrategias más importantes en diez categorías y cuatro menciones especiales. De acuerdo con la revista, cada nominación parte de un análisis del contexto del país y de las acciones de publicidad y mercadeo que responden a las dinámicas del mercado local. En su selección trabaja un comité de expertos del sector quienes, junto al equipo editorial del medio, analizan cada categoría y hacen una depuración de la cual sale la lista de finalistas.

Los docentes son postulados por las universidades. Los ganadores se escogen por votación del grupo de profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones suscritos a los productos de contenido P&M o que participaron activamente en los paneles de investigación y eventos liderados por la revista a lo largo del año.

La ceremonia de premiación que se llevó a cabo en marzo de 2024 correspondió a los premios de 2023, en los cuales fue nominada la profesora Barón, junto a otros cuatro docentes de reconocidas universidades. El primer lugar lo obtuvo Juan Pablo Marín, de la Universidad de La Sabana; y el tercero fue para Ricardo Cárdenas, de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

Asegura que fue un proceso muy bonito, en el que recibió el cariño y el reconocimiento de colegas, estudiantes, familiares y amigos. “Ya de por sí la nominación fue algo muy importante y el segundo lugar también fue un gran logro. Estábamos compitiendo con universidades mucho más grandes. Esto implica que la comunidad se movió a votar y que hemos venido construyendo una red con el programa de Mercadología, con estudiantes, docentes y colegas de otras universidades y organizaciones. Este segundo lugar no es solo un resultado de méritos; también es un logro de comunidad”.

Desde la Universidad Central extendemos una felicitación a los estudiantes, profesores y egresados unicentralistas del programa de Mercadología, quienes cada día se adentran en el desarrollo de estrategias, así como en la planificación y ejecución de campañas; son creativos y rigurosos, materializan ideas, agregan valor, enamoran y emocionan.

Verónica Pérez Traviezo
Máster Central
Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2024
Imágenes: Máster Central

La historia del derecho administrativo en Colombia ha estado llena de mitos y verdades a medias. Al menos así lo comprueba Carlos Mario Dávila, especialista en Derecho Administrativo y profesor del programa de Derecho de la Universidad Central, quien publicó recientemente el resultado de su tesis doctoral realizada en la Universidad París II, en Francia.

«Este tema es muy desconocido, a pesar de que todo el mundo habla de ello. Siempre nos cuentan la historia desde Bolívar, Santander, pero es muy abstracta y gaseosa», comentó el profesor Dávila, quien agregó que en su libro se explica por qué el derecho administrativo y contencioso administrativo está parado en unas bases defectuosas, que deben subsanarse desde la raíz para que se avance en temas tan sensibles como la mora judicial, la congestión y la no protección de derechos de los ciudadanos.

El profesor relató cómo llegó a esta investigación. «Lo que me motivó a hacer esta tesis fue que en Colombia se dice que tenemos una fuerte influencia del derecho francés en el derecho administrativo. Al menos eso es lo que se les sigue enseñando a los estudiantes de Derecho hoy en día, y también muchos profesores colombianos lo afirman en sus libros. Pero al analizar un poco más a fondo me di cuenta de que no era así, y quise hacer un análisis histórico de cómo se formó esta rama del derecho en el siglo XX».

Sin embargo, en esa búsqueda, Carlos Mario Dávila se topó con otras problemáticas que también analizó. Entre estas, señala las siguientes:

• El acceso a la justicia contenciosa administrativa. «No es fácil en Colombia, es demasiado técnico, tanto que aún los abogados más expertos no dominan el tema».
• La congestión y la duración de los procesos contra el Estado. «Pueden demorarse incluso hasta 22, 24 años. Encontré procesos de esa duración, lo cual afecta diversos instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y nuestra misma Constitución, que nos habla de que los procesos deben tener una duración razonable».

El experto utiliza una metáfora para referirse a la historia del derecho contencioso administrativo en el país: «Es como un edificio. Se empezó con unas bases, luego le hicieron modificaciones con otro diseño, con otro arquitecto y otra arquitectura y, al final, lo que observamos cuando nos paramos al frente de esa construcción es algo horrible, absurdo, que viola flagrantemente varios derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la protección de los derechos de la gente. Y en eso estamos, con ese edificio en pie».

Entonces, añade, se pierde el proceso, el tiempo, el dinero. «Urge una reforma a este sistema; urge también, dentro del plan de descongestión de la justicia, ampliar el número de jueces; es algo que el gobierno actual ha dicho… Ampliar el número de magistrados del Consejo de Estado, que es la máxima corte de estos asuntos, y, sobre todo, que las autoridades y las entidades públicas actúen bien».

Verónica Pérez Traviezo
Máster Central
Bogotá, D. C., 5 de octubre de 2023
Imágenes: Máster Central

Seguramente en alguna ocasión has escuchado hablar de términos como economía circular, economía lineal, materiales renovables y reparabilidad, entre otros. Exploramos estos conceptos con la profesora unicentralista Juliette Rodríguez para saber más.

¿Sabías que, al año, el planeta produce alrededor de 2.300 millones de toneladas de residuos? Esta cifra, que de por sí ya es alarmante, podría escalar a 3.800 millones de toneladas para 2050 si no hay un cambio en la manera en que los humanos gestionamos nuestros desechos.

Esto es lo que advierte el informe “Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos 2024” del Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre las recomendaciones que plantea el documento están nuevas formas de gestión de residuos y el impulso de modelos de economía circular a nivel global, entre otras medidas.

Para atender las recomendaciones del organismo internacional, debemos conocer cuáles son los modelos económicos de producción actuales.

El primero de ellos y el más extendido es el de economía lineal, en el que, a partir de materias primas, se fabrican productos que son usados y luego desechados sin una reflexión sobre las afectaciones que puede tener en el medio ambiente u otros usos que se le podrían dar.

De otro lado, tenemos el modelo de economía circular, que pretende la fabricación de productos con el menor impacto ambiental a partir de materias primas amigables con el planeta y con una vida útil no limitada, que permita varios usos y su reciclaje.

La docente agrega que las economías de escala han favorecido al consumidor al permitirle el acceso a productos de muy bajo costo. Sin embargo, esa facilidad de consumo va en detrimento del cuidado medioambiental, pues generalmente se trata de elementos de mala calidad que se deterioran con rapidez, se desechan y el consumidor se ve obligado a consumir nuevamente, repitiendo una y otra vez el ciclo.

Uso, reúso y reparación: los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de consumir, de acuerdo con la profesora Juliette Rodríguez.

En Colombia, la economía circular no es un tema nuevo. Desde 2019, el Gobierno ha venido trabajando en estrategias que generen productividad y mayor eficiencia en el uso del agua, la energía y las materias primas bajo la premisa de “producir conservando y conservar produciendo”.

Una de las primeras medidas en ese sentido ha sido la ley 2232 de 2022, que establece la eliminación de 21 productos plásticos de un solo uso. Ocho de estos ya no se producen en el país desde el pasado 7 de julio y se espera llegar a 2030 con la eliminación de los 13 productos restantes. Esta es la razón por la que, por ejemplo, en las librerías varias editoriales ya no distribuyen los libros forrados en plástico transparente, como ocurría hasta hace algunos meses.

Sobre estas iniciativas, la profesora Rodríguez resalta la idea del actual Gobierno de poner en el centro del debate la defensa de la vida, transversal también al cuidado del medio ambiente, pero considera que se debe trabajar más en la visión de crecimiento económico e involucrar aún más al sector privado y la economía circular.

Aunque se hace indispensable que desde la producción se tomen decisiones eficaces y definitivas en pro de nuestro planeta, como consumidores podemos adoptar comportamientos que reduzcan el impacto negativo en el medio ambiente. Estas son algunas recomendaciones:

David Lara
Máster Central
Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2024
Imágenes: Máster Central

Los docentes Julio César Chamorro, Oscar Vivi, Jhova Allam Echeverri y José Manuel Sánchez, director del programa de Economía de la Universidad Central, conducen el espacio radial Central Económica, que se transmite todos los lunes, de 3:00 a 4:00 p. m., por Sintopía radio.

En el tercer episodio de 2024, se abordó el tema de la equidad de género a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer recordando a 129 obreras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, que fallecieron en 1857 como consecuencia de un incendio mientras hacían huelga para mejorar sus condiciones laborales. Aunque históricamente las mujeres han sido excluidas y paulatinamente han logrado tener acceso a derechos, las brechas de género aún existen en el siglo XXI. La Organización de Naciones Unidas estableció el “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que actualmente el mundo debe seguir trabajando.

Si bien es cierto que se han evidenciado importantes logros en ese sentido, según el informe de Estrategia de Género del Banco Mundial para 2024-2030: “Acelerar la igualdad de género para lograr un futuro sostenible, resiliente e inclusivo” (ONU, 2023), en el mundo las mujeres poseen tres cuartas partes de los derechos económicos que tienen los hombres con una ralentización del proceso de reformas jurídicas en materia de género en los últimos años, así como limitaciones en el acceso al financiamiento, al igual que el acceso a internet (21 % menos que los hombres).

Se ha evidenciado un estancamiento de la fuerza laboral desde los años noventa (53 % para las mujeres y 80 % para los hombres), con mayor énfasis en países de ingreso bajo y medio.

El desempleo juvenil en mujeres es mayor y “las mujeres que forman parte de la fuerza laboral tienen la mitad de probabilidad que los hombres de conseguir un empleo remunerado de tiempo completo. Sus empleos suelen ser más vulnerables y ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres”, con predominio de los hombres en las ocupaciones mejor remuneradas.

En cuanto al acceso a la tierra, menos del 15 % de las mujeres son propietarias de tierras cultivables y las mujeres que se dedican a la agricultura producen entre un 15 % y un 35 % menos por unidad de tierra que los agricultores debido a brechas en el acceso a la información, el crédito, el trabajo y otros insumos, la producción de cultivos comerciales y la participación en grupos de agricultores.

En Colombia, según ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2022 hubo 67 mujeres ocupadas por cada 100 hombres.

Sobre el trabajo de cuidado no remunerado diario, el informe “Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia 2020” evidenció que las mujeres pasaron de invertir 6 horas y 52 minutos diarios en 2020 a 7 horas y 44 minutos en 2022, un incremento de 52 minutos diarios. Por su parte, los hombres tuvieron una disminución en estas mismas labores pasando de 3 horas y 19 minutos a 3 horas y 6 minutos, 13 minutos diarios menos.

En relación con los feminicidios, Colombia sigue siendo uno de los países de la región con las cifras más altas de violencia de género:

Bajo este panorama, las preguntas clave son:

1. ¿Qué caracteriza un sistema patriarcal?
2. ¿Por qué el sistema actual afecta a mujeres y hombres?
3. ¿Cuáles son los efectos económicos del sistema actual en cuanto a las brechas de género?
4. ¿Por qué el cuidado es fundamental para el capitalismo existente?
5. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué nos hace falta?

Central Económica
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Bogotá, D. C., 15 de abril de 2024
Imágenes: Freepik y Central Económica

Los docentes Julio César Chamorro, Óscar Vivi, Jhova Allam Echeverri y José Manuel Sánchez, director del programa de Economía de la Universidad Central, conducen el espacio radial Central Económica, que se transmite todos los lunes, de 3:00 a 4:00 p. m. por Sintopía radio.

En el cuarto episodio de este año, se abordó el tema del sistema de salud en Colombia, se analizó su funcionamiento, la crisis actual, sus causas y posibles soluciones, con el fin de generar un debate informado para la sociedad colombiana.

El sistema de salud colombiano opera bajo un modelo de aseguramiento con dos regímenes principales: el contributivo y el subsidiado. Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son las responsables de la afiliación de los usuarios y la prestación de servicios de salud a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), mientras que las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) brindan los servicios médicos. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis alarmante.

En los últimos años, hemos presenciado la liquidación de al menos 20 EPS, incluyendo casos destacados, como Saludcoop, una de las más grandes del país, y la solicitud de liquidación de Compensar. Además, otras EPS como Sanitas están bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

Las causas de esta crisis son multifactoriales e incluyen corrupción, ineficiencia, desfinanciamiento y desigualdad en el acceso a la atención médica.

Las consecuencias potenciales de esta crisis son preocupantes, ya que podrían desencadenar una crisis social sin precedentes, con un impacto negativo en la salud de la población como, por ejemplo, el aumento de la mortalidad por enfermedades prevenibles; el aumento de la desigualdad, pues las personas de bajos recursos son las más afectadas; y la desconfianza en el sistema de salud.

Así, ante esta crisis que inició hace más de 15 años, se han propuesto soluciones tanto a corto como a largo plazo, como reformas estructurales, entre estas la reforma recientemente archivada que buscaba fortalecer la atención primaria, eliminar las EPS, crear un sistema único de afiliación y mejorar las condiciones laborales del sector salud; el fortalecimiento de la red pública de hospitales, para mejorar su infraestructura y la calidad de sus servicios; y una mayor participación de la sociedad civil en el control del sistema de salud.

En resumen, podemos decir que el sistema de salud colombiano enfrenta un momento crucial y requiere un debate nacional urgente para encontrar soluciones sostenibles que garanticen el acceso a la salud de calidad para todos los colombianos.

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Central Económica
Bogotá, D. C., 30 de abril de 2024
Imágenes: Freepik

La desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia es un problema persistente. Central Económica, el espacio radial del programa de Economía de la Universidad Central, examinó las cifras alarmantes que presentó al respecto el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Además, abordó las causas estructurales y las posibles soluciones para promover una distribución más justa y equitativa de la tierra.

En Colombia la tierra ha sido –históricamente- un símbolo de poder y desigualdad. Desde la época colonial, su distribución ha estado concentrada en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de las poblaciones rurales y las poblaciones étnicas han sido relegadas a la pobreza y la marginación. Esta profunda inequidad ha sido una de las principales causas del conflicto armado que ha azotado al país durante décadas y continúa siendo un obstáculo para el desarrollo rural y la construcción de una paz duradera.

La tierra no es solo un recurso económico, sino también un elemento fundamental para la identidad cultural y la vida digna de las comunidades rurales y étnicas. Negar el acceso a la tierra significa negar la posibilidad de un desarrollo pleno y armonioso para estas comunidades. Es por ello que abordar la desigualdad en la distribución de la tierra es una cuestión de justicia social imperante para construir una Colombia más justa, equitativa y en paz.

En estos episodios, buscaremos abrir un espacio para la reflexión, el debate y la construcción de propuestas que permitan avanzar hacia un futuro donde la tierra sea un símbolo de oportunidad y bienestar para todos los colombianos, especialmente para aquellos que han sido históricamente excluidos y marginados. En este sentido, estos dos episodios de Central Económica tienen como objetivo invitar a todos los oyentes a sumarse a esta conversación y a contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas a este problema crucial para el desarrollo rural y la paz en Colombia.

Central Económica
Programa de Economía
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Bogotá, D. C., 9 de mayo de 2024
Imagen: Freepik

El 4 de noviembre se celebra el Día del Administrador de Empresas, una fecha que permite rendir un homenaje a estos profesionales administradores, a nuestros estudiantes, docentes y egresados que desempeñan un papel crucial en la gestión de organizaciones, toma de decisiones estratégicas y contribuyen al desarrollo económico y social de la sociedad.

Para conmemorar esta fecha, te recomendamos tres libros que exploran las claves del éxito en la administración de empresas, profundizan en el liderazgo efectivo y brindan una visión inspiradora sobre el mundo de los negocios.

Libros recomendados para administradores de empresas

1. Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen R. Covey

Este libro es un clásico en el campo de la autoayuda y la gestión personal. Covey presenta siete hábitos que, cuando se adoptan, pueden transformar la efectividad personal y profesional. Los hábitos van desde la toma de decisiones proactivas hasta la búsqueda de la sinergia en las relaciones interpersonales. Covey enfatiza la importancia de la ética y la integridad en la búsqueda del éxito.
 

2. El Método Lean Startup de Eric Ries

En este libro, Eric Ries introduce el concepto del enfoque Lean Startup, que se centra en la innovación continua y la creación de empresas de éxito de manera más ágil y eficiente. Ries explora la importancia de la experimentación, la validación de hipótesis y la iteración rápida en el desarrollo de productos y negocios. Esta metodología ha tenido un gran impacto en el mundo de las startups y la gestión empresarial.
 

3. Business Model Generation de Alexander Osterwalder y Yves Pigneur

Este libro se enfoca en la creación y diseño de modelos de negocio efectivos. Proporciona una amplia variedad de herramientas y técnicas para ayudar a los emprendedores y líderes empresariales a visualizar, analizar y mejorar sus modelos de negocio. Con gráficos atractivos y ejemplos prácticos, Osterwalder y Pigneur ofrecen una guía valiosa para la innovación y la planificación estratégica en el mundo empresarial.

Estos tres libros son recursos valiosos para aquellos administradores interesados en la gestión personal, la innovación empresarial y el diseño de modelos de negocio efectivos. Cada uno aborda aspectos fundamentales para el éxito en el mundo de los negocios.

¡Feliz día, administradores y administradoras centralistas!

Máster Central
Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2023
Imágenes: Máster Central

Desde hace cerca de cincuenta años la profesión contable estableció el 1º de marzo como el Día del Contador Público. Es la ocasión no solo para destacar el trabajo de miles de contadores que en nuestro medio contribuyen a la preparación de información contable, financiera y fiscal junto con su aseguramiento, sino para destacar la memoria de quienes forjaron en el pasado un futuro promisorio para este noble oficio milenario de llevar cuentas.

En este contexto cabe destacar, como lo han reiterado nuestras altas cortes, que la contadora y el contador público son profesionales que detentan el privilegio, por el solo hecho de serlo, de dar fe pública sobre los actos propios de su experticia, es decir, que basta solo su firma o atestación para revestir de legalidad tales actos y servir de base para la toma de decisiones o la constitución de nuevas realidades económicas y financieras de las partes interesadas.

De forma reciente también se le han atribuido funciones relacionadas con la contabilidad para la sostenibilidad de las organizaciones, en interés publico y del bien común, en la preparación y aseguramiento de la llamada información no financiera.

Nuestra Universidad ha estado presente en el desarrollo y evolución de la profesión de contador público, siendo el primer programa de formación profesional ofrecido por una institución de carácter privado (1960).

Durante varios años se ha contribuido a la modernización de la regulación legal con el impulso de la actual Ley 43 de 1990 que rige esta profesión; varios egresados han formado parte del Tribunal Disciplinario y del órgano técnico científico denominado Consejo Técnico de la Contaduría Pública; se ha contribuido a la consolidación de gremios como la Asociación de Facultades de Contaduría ASFACOP, hoy vigente y en su momento en la construcción de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos CONFECOP. Se han hecho publicaciones seminales como el libro denominado Historia de la Contaduría Púbica Siglo XX (tres ediciones), entre otros muchos logros.

No obstante, la importancia de estas ejecutorias, la de mayor relevancia es, a nuestro juicio, la creación de la institución del contador general prevista en el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia.

Fue precisamente nuestro ilustre egresado y exdecano Edgar Fernando Nieto Sánchez que de consuno con el eximio jurista Jorge Enrique Ibáñez Najar (hoy magistrado de la Corte Constitucional) quienes con la ayuda de constituyente Ignacio Molina Giraldo establecieron la creación del funcionario contador responsable de la regulación contable pública para el país y la de llevar la contabilidad de la nación y consolidarla con la de las entidades territoriales, entre otras funciones.

En buena hora, la Contaduría General de la Nación (CGN) ha decido reavivar la Cátedra de Contabilidad Pública cuya primera edición se realizó recién fallecido el maestro Nieto Sánchez (2009), y se llevó durante varios años por las principales ciudades de nuestro país.

Hoy, con el compromiso decido de la CGN en asocio con la Universidad Central, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, la Universidad Libre - Cali y la Universidad del Valle, realizaremos la sexta edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Édgar Fernando Nieto Sánchez cuyo propósito es fortalecer el conocimiento en contabilidad pública, el control de la gestión gubernamental en todos sus niveles y propender por una mayor cultura contable pública en nuestro medio.

Con ocasión de la efeméride del Día del Contador queremos hacer una invitación a toda la comunidad, en particular a los egresados, estudiantes y profesores de nuestro programa de Contaduría Pública para que se unan a las actividades organizadas en esta sexta edición de la Cátedra, cuya sesión inaugural se desarrollará el próximo 5 de marzo de 2024, en el Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana. En el mes de mayo tendremos una sesión especial en nuestra Universidad.

¡Felicitaciones a las contadoras y contadores centralitas en su día!

Fabio Raúl Trompa Ayala
Director del Programa de Contaduría Pública
Decano (e) Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Bogotá, D. C., 1 de marzo de 2024
Imágenes: Máster Central

En el último episodio de Central Económica, los profesores del programa de Economía de la Universidad Central exploraron en profundidad el papel crucial de las políticas públicas y la capacidad institucional en el panorama colombiano.

Desde el análisis de una entrevista a la exministra Cecilia López hasta la discusión sobre los obstáculos institucionales, el programa destacó la importancia de entender las complejidades detrás del diseño y la implementación de políticas para avanzar hacia un futuro de desarrollo sostenible y paz duradera en el país.

En la entrevista efectuada el 3 de marzo de 2024 a Cecilia López, en el programa de streaming “Los Danieles”, la exministra expresa una enorme preocupación por la falta de pergaminos económicos de quien fue nombrado recientemente como director del DNP, en particular, por su falta de experticia en asuntos de planeación económica. Sin embargo, nos queda aún una pregunta en el tintero por responder: ¿será que la capacidad institucional del Gobierno depende únicamente de las aptitudes técnicas de los altos funcionarios y ordenadores del gasto?

Según Rosas (2019), la capacidad institucional hace referencia a aquella habilidad que cargan consigo las instituciones gubernamentales para realizar mejoras en el desempeño de sus funciones, dando una solución a cualquier problema de gestión para poder alcanzar los objetivos propuestos.

En suma, y con base en los planteos de entidades multilaterales que representan el epítome de “lo técnico”, parecería, a simple vista, que la capacidad institucional no depende únicamente de las aptitudes y atributos de planeación y gestión de las directivas del alto gobierno, sobre todo cuando dicha capacidad depende de igual manera del grado de apertura de información para controlar la gestión, los intereses creados para favorecer la apropiación indebida del erario como forma de cumplir compromisos políticos y las garantías del ejercicio de la acción colectiva.

A su vez, la capacidad institucional dependería de externalidades y eventualidades que las altas directivas no pueden manejar a discreción, por ejemplo, el grado de sincronicidad entre distintas áreas gubernamentales en razón a las pugnas políticas existentes fuera y dentro del Gobierno, más precisamente, fuera y dentro de cualquier gobierno, y de igual manera, de las cuotas del gasto fijadas y apropiadas para adelantar la misión social de las entidades gubernamentales.

Obstáculos institucionales en Colombia

Para nadie es un secreto que, en Colombia, los obstáculos institucionales representan una amenaza significativa para la capacidad institucional del país, lo que dificulta el progreso en áreas como la consolidación de la paz y el desarrollo económico. Si bien la correlación entre la fortaleza institucional y la productividad sectorial son esenciales para fomentar el crecimiento económico y reducir la violencia, atribuir la capacidad institucional únicamente a los atributos técnicos y pergaminos de las y los altos funcionarios, y de igual manera, a las “buenas intenciones” de los y las funcionarios por agremiarse en el “lado bueno” o en el lado “tecnocrático” de la historia es, en sí, una opinión corta de miras.

Por último, no tendría sentido hablar de capacidad institucional al abordarla al margen de sus objetivos concretos. En otras palabras, la capacidad institucional se debería fortalecer en función de los intereses de la acción pública en materia de la ejecución de políticas de Estado y de gobierno. De lo contrario, las capacidades quedarían subutilizadas para el cumplimiento de indicadores o, peor aún, estarían desligadas de la planificación a mediano y largo plazo, situación bastante común en nuestros días.

1) ¿Qué tan “independiente” podría ser el criterio “técnico” de los arquitectos de política? ¿Sería posible efectuar una distinción tajante entre “activistas” y “tecnócratas”?

2) ¿Cuáles son los mayores obstáculos para garantizar y fortalecer la capacidad institucional en Colombia?

3) ¿Sería posible fortalecer la capacidad institucional con restricciones del gasto público?

4) ¿Qué les dirías a las personas que consideran que los roles sociales de “activista” y “tecnócrata” pueden (y deben) separarse tajantemente?

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Central Económica
Programa de Economía
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2024
Imagen: Freepik