Suplantar identidad con IA ya es delito en Colombia: así se sancionará

Políticos promoviendo inversiones piramidales, audios con declaraciones jamás dichas y personas que suplantan la imagen de otros en videollamadas son algunas de las múltiples formas en que se ha utilizado la inteligencia artificial para falsificar identidades. 

Hasta julio de 2025, el Código Penal colombiano no especificaba que alterar inescrupulosamente datos sensibles mediante inteligencia artificial fuera una violación a la ley. El artículo 296 de este documento legal disponía: “El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona, o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito”.

Pero esto cambió con la Ley 2502 de 2025, que modificó el artículo 296 del Código Penal: la disposición jurídica ahora dicta que, cuando se manipulen registros de identidad con IA, “la multa se aumentará hasta en la tercera parte, siempre que la conducta no constituya otro delito”. Es decir, la suplantación con inteligencia artificial podrá ser calificada judicialmente como falsedad personal. 

Más allá de darles herramientas jurídicas a los jueces colombianos para castigar la suplantación de identidad con IA, "este cambio normativo impulsará la capacitación técnica de fiscales, jueces y policías, señaló Ribero.

Según el experto, se requiere el uso de tecnologías de investigación que permitan rastrear estos comportamientos y, además, garantizar la adecuada conservación de la evidencia digital. “Es indispensable que la Policía de Ciberdelitos y la Dirección Especializada contra Delitos Informáticos de la Fiscalía aprendan cómo almacenar las pruebas correctamente para evitar manipulaciones o pérdida de información”, precisó.

Adicional a tipificar este tipo de fraude, la Ley 2502 de 2025 impuso nuevas obligaciones a entidades estatales. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, que investiga todos los actos punibles, deberá “garantizar la trazabilidad de los casos relacionados con uso de inteligencia artificial para cometer falsedad personal", según la norma mencionada. El registro deberá contener información sobre metodologías empleadas, su impacto y las medidas judiciales aplicadas.

La norma también dispone que el Gobierno nacional, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones deberán crear una política pública con protocolos de respuesta para suplantaciones de identidad mediante deepfakes (material audiovisual falso que haya sido creado con IA), desarrollos de tecnología para la detección de fraudes de este tipo y alianzas de cooperación internacional con el objetivo de investigar delitos transnacionales. 

Aunque estas son acciones clave, todavía hay barreras para poner en curso esta ley. 

De acuerdo con el director del consultorio jurídico, los principales desafíos para ejecutar este cambio legal podrían ser la falta de cooperación internacional y la regulación legal excesiva. Tal como advirtió, si no se superan estas limitaciones, se caería en “una iniciativa positiva sin efectos prácticos en la realidad”. 

Por un lado, Colombia debe establecer ágilmente acuerdos de colaboración con otros Estados, ya que una parte de estos delitos de suplantación son cometidos en el extranjero y la legislación nacional no puede aplicarse fuera de su jurisdicción. Por ello, “si no hay un acuerdo de cooperación, no hay legislación aplicable y, si el delito se cometió en otro país, la autoridad colombiana entraría en un caso de impunidad”, explicó el jurista.

Por otro lado, la sobrerregulación podría obstaculizar derechos fundamentales como la libertad de expresión o el uso legítimo de tecnologías de simulación. En su opinión, es necesario delimitar con precisión cuándo una alteración digital constituye robo de identidad y cuándo es una modificación de contenido sin fines ilícitos.

También, añadió que los dos años previstos para la implementación pueden ser insuficientes frente al número de casos que se producen. Por nombrar uno de los usos indebidos de la IA, en el primer semestre del 2024, se registraron más de 17.000 páginas con material pornográfico hecho con IA y tan solo se había capturado a 70 culpables para ese corte, según informó la Policía de Ciberdelitos a Caracol Radio. “La efectividad de la ley podría no verse inmediatamente, a pesar de contar con el respaldo normativo”, concluyó Ribero.

Incluso con estos desafíos, Colombia muestra un avance significativo frente a otros países. “La Ley 2502 de 2025 coloca a Colombia a la vanguardia en la región al tipificar especialmente la suplantación mediante inteligencia artificial. Mientras otros países aún discuten proyectos de regulación general, Colombia vincula esta tecnología directamente con la protección penal de la identidad, ofreciendo mayor certeza jurídica frente a un riesgo emergente”, resaltó Ribero. 

Si bien varios países de América Latina han firmado acuerdos sobre el uso ético de IA, el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) detalló que una de las naciones con más avances destacables ha sido Colombia. De acuerdo con ese organismo internacional, el país ha diseñado hojas de ruta para la adopción sostenible de la IA, ha suscrito acuerdos con Estados que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y está tramitando cuatro proyectos de ley referentes a esta tecnología. 

Por eso, la modificación del delito de suplantación de identidad representa un gran paso, pero también evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la cooperación internacional y la formación tecnológica del sistema judicial colombiano.

Lina María González
Máster Central
Bogotá, D. C., 23 de octubre de 2025
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