En el marco del debate sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, le explicamos qué es y en qué situación está.
Luego de haber superado los filtros del Congreso y la Corte Constitucional en el primer semestre del año 2018, la Justicia Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en un engranaje para investigar a aquellos integrantes de las Farc y colectivos aliados que, de alguna u otra manera, han estado involucrados en el conflicto armado colombiano.
Sin embargo, este componente se había pactado desde el 23 de septiembre de 2015, previo a la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, con el objetivo de rendir cuentas por los delitos cometidos por estos grupos armados.
Con la creación de este mecanismo, se busca dar prioridad a los derechos de las víctimas afectadas por el conflicto armado y no dejar en el olvido los crímenes que promovían la violencia en zonas rurales. De este modo, se procura no indultar ni perdonar los delitos más graves que se venían dando por más de medio siglo, por parte de integrantes de las Farc.
A pesar de que la JEP fue aprobada en marzo de 2017 por el Senado, solo hasta el seis de diciembre de ese mismo año, se reunieron, por primera vez, los 51 magistrados que la conformarían, junto con 14 juristas extranjeros que se denominan amigos de la corte.
El grupo lo completan cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva; no obstante, tardaron seis meses más en organizar la respectiva posesión de la mayoría de los funcionarios, es decir, la JEP rige, con sus diligencias judiciales, desde junio de 2018.
Todos los individuos que conforman la JEP están capacitados para decidir, investigar, juzgar y absolver a exintegrantes de las Farc que hayan participado, directa o indirectamente, en los delitos que atentaban contra los derechos humanos de las víctimas.
Cabe resaltar que este sistema es considerado un modelo de justicia especial y, por ende, transitorio; esto explica que la JEP regirá por un tiempo limitado de 15 años, con posibilidad de ampliación por cinco años más, es decir, la Justicia Especial para la Paz tiene un período de vida de 20 años.
De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, los objetivos de la JEP son:
- Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia
- Ofrecer verdad a la sociedad colombiana
- Contribuir a la reparación de las víctimas
- Contribuir a luchar contra la impunidad
- Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.
- Contribuir al logro de una paz estable y duradera
¿En qué situación está la JEP?
La JEP está luchando contra su objetación pues, ahora mismo, hay cientos de opositores pidiéndole al presidente Duque que no firme la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, argumentando que muchos de los actores principales que se han sometido a su procedimiento han sido amnistiados y, posteriormente, liberados de sus condenas.
Según la página oficial de la Justicia Especial para la Paz, "el 19 de diciembre de 2018, la Corte Constitucional publicó la sentencia C-80 de 2018 sobre la ley estatutaria de la JEP, que es fundamental para el buen funcionamiento de la jurisdicción creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, y que garantiza los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todos los comparecientes.
Frente a esta sentencia, Patricia Linares, presidenta de la JEP, ha enfatizado que no se puede desconocer esta sentencia y que el debate político que ha surgido recientemente sobre esta ley ya se dio en el Congreso de la República".
?|| La Corte Constitucional ya dio la última palabra sobre la Ley Estatutaria de la @JEP_Colombia: Patricia Linares, presidenta de la #JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 25 de febrero de 2019
▶Leer comunicado: https://t.co/dWmFYGHwad pic.twitter.com/Ot6Jp9D0zy
¿Qué es una ley estatutaria?
De acuerdo con el artículo ¿Qué es la ley estatutaria? de Colombia 2020 — campaña pedagógica y periodística de El Espectador para el posconflicto—, la ley estatutaria es un conjunto de normas que desarrolla la protección de un derecho fundamental.
Por su parte, David Pinzón, docente del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central, asegura:
“Las leyes estatutarias, según el artículo 152 de la Constitución Política, además de regular los derechos y deberes fundamentales de las personas, se encargan de reglamentar los procedimientos y los recursos para su protección, la administración de justicia, el régimen de los partidos políticos, los mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción (situaciones extraordinarias)”.
En el caso de la JEP, la ley estatutaria se creó para regular el sistema de justicia transicional producto del Acuerdo de paz. Como en Colombia nunca había existido un tribunal de este estilo, era importante crear una ley que les permitan a los nuevos magistrados de la JEP tomar decisiones de manera autónoma.
Por ejemplo, la JEP necesita su aplicación para imponer sanciones propias de una justicia restaurativa, que no necesariamente implican enviar a la cárcel a los responsables de los delitos más graves cometidos durante el conflicto.
Asimismo, en relación con la JEP, estas leyes no han tenido la necesidad de superar filtros para su respectiva aprobación, ya que, para Pinzón, “desde el punto de vista jurídico, son estos mecanismos los que aseguran la salvaguarda de la integridad del marco constitucional”.
A pesar de que estas leyes son componentes justificadas y aprobadas por la Corte Constitucional, y que los trámites se encuentran en un proceso fast track (aprobación de leyes en un menor plazo), aún no se han puesto en marcha de manera oficial.
“Esta ralentización no se debe a los filtros impuestos por la Constitución y la ley, sino más bien a las trabas que en materia política el Gobierno actual ha gestado, con asocio de funcionarios de características autónomas como el fiscal general de la nación”, agrega Pinzón.
En cuanto a lo que le depararía a la constitucionalidad, en caso de que estas leyes sean objetadas por el Gobierno de Iván Duque, Pinzón afirma:
“La ley regresaría al Congreso con el objeto de ser revisada, y esto pone en graves apuros a la JEP, pues sin un marco de reglamentación, sería muy difícil continuar con las acciones que viene realizando”.
A propósito del tema, se conformó un frente común civil al que se sumaron la Corte Penal Internacional, la Procuraduría General de la Nación y algunas figuras públicas para pedirle al Gobierno firmar el marco normativo que reglamentará la Justicia Especial para la Paz, respecto al que el presidente Duque afirmó: “vamos a cumplir, como siempre, nuestra responsabilidad con mucho rigor. Yo tomaré los tiempos que me otorga la ley”.
Declaración que, de acuerdo con Semana.com, dio después de reunirse con los comandantes regionales, metropolitanos y directores de Escuelas de la Policía Nacional.
La sociedad civil también se ha manifestado frente a esta situación, de hecho, a través de las redes sociales se está convocando a la ciudadanía a participar este 27 de febrero en #AbrazoALaJEP, una iniciativa para solicitar la firma de la Ley Estatutaria, literalmente la convocatoria es para abrazar el edificio de la Justicia Especial para la Paz.
