Jairo Santander, director del Departamento de Economía, con base en una experiencia académica, explica por qué los acuerdos de paz son necesarios.
Este 2016 ha sido denominado el año de la paz en Colombia. Sin embargo, las implicaciones de esto todavía no son claras para todos los colombianos. De hecho, existe un enorme nivel de incertidumbre e incredulidad alrededor de lo que pueden ser los resultados de lo que se consideraría un hecho histórico: la desmovilización de las guerrillas en el país.
Si bien es cierto que los actuales procesos de negociación no van a conducir inmediatamente a un escenario perfecto de paz, justicia y reparación, ni a la erradicación de todas las formas de violencia y expresión armada que atentan contra la integridad de los colombianos, también es verdad que son un punto de partida fundamental para iniciar mejores procesos de búsqueda de bienestar en el país.
En definitiva, siempre será mejor la ausencia del conflicto armado que su presencia; pero, por varios motivos, que no se abordarán acá, en el país existe una férrea resistencia a la culminación exitosa del proceso de desmonte de las guerrillas. Por ello es pertinente explicar por qué los acuerdos de paz son necesarios y pueden conducir a un momento histórico, a pesar de su imperfección y las altas probabilidades de resultados inesperados.
No veo mejor lugar por donde empezar la explicación que una experiencia personal. Al igual que muchos en la actualidad, hace algunos años, yo era profundamente crítico del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, casi que por las mismas razones que aquellas esgrimidas por los críticos del actual proceso: que no habría justicia ni reparación, que las penas eran muy cortas... en fin. Pero en el año 2012 tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación de la Universidad Central sobre los impactos de la minería en el desarrollo regional. Esto me permitió ver otra realidad. Como parte del trabajo de campo, visitamos un municipio en el Cesar, que fue zona de dominio paramilitar hasta que se desmovilizaron.
Durante las consultas a sus pobladores para levantar la información del estudio socioeconómico, sin estar en las preguntas inicialmente planteadas, la mayoría de las personas hacían referencia a como habían mejorado las condiciones de vida en el municipio después del desmonte de los grupos paramilitares, amos y señores en otras épocas. El solo hecho de poder salir de noche, sin que los mataran, para ellos era una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
Aunque dicho proceso de desmovilización no fue perfecto, como tampoco lo serán los que vienen, lo que se evidenció es que sí produjo cambios sustanciales en la calidad de vida de la población en múltiples territorios. Eso, inmediatamente, me llevó a una profunda reflexión sobre el beneficio frente al costo social que había tenido que asumir la sociedad al permitir penas más bajas por crímenes y otras arandelas del proceso. Y no pude encontrar mejor marco para entenderlo que aquellos aportes de Amartya Sen sobre la relación entre justicia y desarrollo, y que en estos momentos son más relevantes que nunca.
Para empezar, desde la perspectiva de Sen, son más valiosos los ordenamientos incompletos de justicia, que permitan las realizaciones de los proyectos de vida de los individuos, a esquemas ideales que, aunque maravillosos, no permitan una materialización efectiva del escenario de justicia, expresado en una real mejora de las condiciones de vida de los individuos. Es así como se puede tener la constitución más garantista del mundo y eso no significará que en la realidad los derechos sean realmente garantizados. En Colombia, por ejemplo, el derecho a la salud está consagrado en la ley; sin embargo, vivimos una realidad donde el real acceso a salud es una ilusión para muchos.
Esto viene a colación porque, precisamente, una de las principales discusiones sociales en la actualidad está asociada al posible escenario de injusticia e impunidad que implicará las penas alternativas de los miembros de las guerrillas, en especial, de sus comandantes. Pero esta discusión, realmente, ha estado incompleta, porque, aunque es válida, resulta importante discutir efectivos escenarios de justicia más que los supremos, y esto pasa es por definir, más bien, cuál es realmente la situación más injusta, tanto para las víctimas como para la sociedad, de la que deseamos salir, para definir qué permitiría salir de esa situación.
Así, la discusión debería pasar por si es más injusto la permanencia del conflicto armado o que los miembros de estas organizaciones no paguen cárcel o puedan participar en política. Realmente, ¿qué priva más las realizaciones de vida, tanto de las víctimas como de todos como sociedad?
Lo que observamos en aquel municipio del Cesar, que también se observó en muchos otros municipios, es que fue más efectivo el desmonte del grupo armado, a pesar de que las penas alternativas no hayan sido compatibles con nuestro ideal de justicia o que hubo una transformación de la forma de violencia.
Aun así, fue más efectivo a que estuviéramos todavía con esas estructuras armadas vigentes y con el Estado persiguiéndolos sin cuartel, para hacerlos pagar por sus crímenes. Ahora bien, esto no es una oda a la impunidad, sino a la necesidad de reconocer la importancia de la justicia transicional y las posibilidades que esta nos permite de un escenario menos injusto para muchos, por no decir todos los colombianos.
El fin del conflicto o la desmovilización de las guerrillas –como se quiera interpretar– es en realidad un gran primer paso para salir del lodo de la violencia e iniciar un proceso más virtuoso de desarrollo, que tiene enormes retos, como la lucha contra la corrupción, la superación de la desigualdad de oportunidades y la supresión de privilegios de algunas élites.
Para que exista una mayor conciencia social sobre lo que es realmente injusto en la sociedad, se da la imperiosa necesidad de mejorar nuestros mecanismos de elección social a fin de que nosotros, como individuos, podamos sensibilizarnos más sobre las necesidades del otro y no definamos los órdenes sociales solamente a partir de aquello que más nos convenga. De hecho, los procesos de paz que actualmente se llevan a cabo quedarían muy cojos si no hay un real compromiso nacional de aprovechar la oportunidad para mejorar los procesos democráticos en el país para permitir mejores escenarios de comparación de bienestar.
Al definir que es el bienestar social, es importante ponerse en los zapatos del otro y entender sus necesidades; dar verdaderas discusiones sobre qué es y no es realmente justo y sobre qué orden va a permitir reales oportunidades para todos y no para unos pocos. Se necesitan mecanismos de elección social que no nos incentiven solamente a garantizar qué pedazo del pastel me va a tocar o que la decisión no me perjudique.
Aunque el conflicto me afecta como colombiano, es muy claro que mis oportunidades de vida se ven mucho menos perturbadas por este que las de las personas que viven en los territorios donde el conflicto es el pan de cada día. Y es sobre todo por ellos, por los que día a día viven el rigor de la guerra, que los procesos de paz deben culminar en forma exitosa. El resto de nosotros debemos reconocer la importancia de definir el costo de asumir y encontrar los mejores medios para realizar un proceso de justicia, reparación y no repetición más efectivo posible por medio de los instrumentos de la justicia transicional.
Así, el gran reto actual para el gobierno, para la clase política y para la sociedad colombiana es salir de ese estadio de injusticias que produce el conflicto armado, a un costo social soportable y que realmente permita iniciar un círculo virtuoso de eliminación de la violencia como mecanismo de resolución de nuestras disputas sociales, sobre todo las políticas. Ahí está el reto, un reto de todos, por el que necesitamos dejar de ser apáticos a nuestra realidad y empoderarnos de los procesos de transformación social que nos conduzcan al bienestar. Este es el momento.
