La Defensoría del Pueblo se pronunció con respecto a los asesinatos de los líderes sociales y señaló que desde 2016 y, a la fecha esta entidad tiene 326 casos reportados.
Carlos Negret, defensor del pueblo, visitó a mediados del mes de julio el municipio de Argelia, Cauca, y allí expresó su preocupación por el aumento de asesinatos que solo este año reporta una cifra de 120 muertes.
En su pronunciamiento, Negret pidió más efectividad a las autoridades competentes en la protección de líderes sociales de todo el país que tienen amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la ley. Igualmente hizo énfasis en su preocupación por varios lugares de la región donde se está haciendo recurrente estos hechos y no existe ninguna clase de protección por parte del Estado.
Por tal referente, el pasado 6 de julio, las plazas públicas acogieron el clamor de miles de personas que, unidas en una sola voz, pidieron el cese inminente al derramamiento de sangre que ha cobrado la vida de hasta ese momento 120 líderes sociales desde el inicio del año.
La invitación, que fue hecha por colectivos de la academia, organizaciones civiles, movimientos políticos y, en especial, por la misma ciudadanía, empezó a difundirse por redes sociales durante la semana pasada. En ella se convidaba a movilizarse pacíficamente con una velatón nacional por los líderes y lideresas asesinados en el país.
¡Ni un minuto de silencio! proclamaba la publicidad que animaba a la movilización social en contra de las masacres que se vienen presentando a lo largo y ancho del país. El hashtag #NosEstanMatando fue tendencia durante la semana y, en muchos perfiles de redes sociales, se volvió visible. Todo indicaba que era una cita infaltable para hacer visible la tragedia que enluta a Colombia.
Durante la tarde de ese viernes y con el hashtag #UnaVelaPorLaVida, se comenzaron a reportar colombianos residentes en el exterior. Desde Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, Nueva York, Londres, CDMX y, en especial desde los emblemáticos jardines de Trocadero, en las cercanías de la Torre Eiffel en París, se hizo un llamado al Estado para que reaccione pronto y con contundencia frente a los hechos.
Es de resaltar que el Estado se ha mostrado indolente frente al tema en varias ocasiones y, hasta hace pocos días, el Ministerio de Defensa se han hecho pronunciamientos polémicos que terminan revictimizando a los muertos y a sus familiares.
Con acciones sociales como la velatón, la mirada del mundo se posa en esta coyuntura, de manera que todos los países que apoyan el proceso de paz generarán presión al nuevo Gobierno, para que reaccione con prontitud y certeza.
En Colombia, la cita se llevó a cabo en ciudades como Armenia, Barranquilla, Cartagena Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Medellín, Leticia, Pereira, Valledupar y Bogotá, donde la plaza de Bolívar se llenó en un 80 %. Allí resonó por horas el clamor de un pueblo que vive un ambiente de violencia que no sentía hace años y que quiere pasar la página de la indiferencia y la insensibilidad.
En esta ocasión, la realidad ha sido inocultable gracias a las redes sociales. La velocidad con que dicha información se ha desplegado por estos nuevos medios de comunicación ha sido fundamental para que estos hechos no queden aislados y para generar conciencia y sensibilidad en la ciudadanía centralizada, ya que, por lo general, este tipo de asesinatos son perpetrados en lugares olvidados por el Estado.
#NosEstánMatando
Es por estos datos por los que, a mediados del primer semestre de este año, la ONU pronunció formalmente, en su reunión anual en Ginebra, su preocupación por la protección de los Derechos Humanos y de las mujeres en Colombia.
El perfil de los asesinados son líderes comunales que se oponen a la minería ilegal y al narcotráfico, son personas a favor de la restitución de tierras y precursores en política, señaló Ariel Ávila, de la Fundación de Paz y Reconciliación, durante una entrevista en Caracol Noticias.
Para este experto, en Colombia no existe un modelo de seguridad y justicia rural, lo que produce que grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc y, en especial, las Bacrim pongan sus propias reglas ante la falta de jueces e inspectores de policía.
Los retos del Gobierno entrante son enormes respecto a este tema, ya que son los líderes sociales quienes se ponen la camiseta para reclamar por los derechos de la sociedad civil en lugares donde prima el abandono estatal.
Diego Andrés Hernández Bernal
Coordinación de Comunicaciones
Bogotá, D. C., 31 de julio de 2018
Imágenes: cortesía portal de noticias France 24
