Esta fue una de las conclusiones que dejó el ‘Foro hacia la edificación de una paz estable y duradera’ realizado por Universidad Central y la Policía Nacional.
Ante un posible escenario de posconflicto en Colombia, es necesario que las instituciones y la sociedad civil se pregunten, desde diversos ángulos, sobre los desafíos que afrontarán y las estrategias que deberán desarrollar para acompañar la implementación de los acuerdos.
Por ello, y con el fin de proponer un espacio para la reflexión colectiva acerca del papel de las instituciones, la Universidad Central y la Policía Nacional realizaron el ‘Foro hacia la edificación de una paz estable y duradera’, entre el 16 y 18 de noviembre.
Fueron varios los expertos provenientes de organizaciones, fundaciones y universidades de Latinoamérica y el mundo que compartieron con los asistentes, en su mayoría integrantes de la Policía Nacional, puntos de vista, factores a tomar en cuenta y análisis sobre las posibilidades de Colombia a la hora de hacer y mantener la paz tras el conflicto armado.
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, abrió el encuentro resaltando su valor como una “oportunidad para discutir la paz territorial, partiendo de la base de que la seguridad es el núcleo sobre el cual ésta y la democracia se deben construir”.
A lo que Ricardo Alberto Restrepo, director general de la Policía Nacional (e), agregó: “es compromiso de todos, especialmente de los uniformados, edificar una realidad más visionaria ante la transformación y custodiar esa paz que buscamos construir en las comunidades y en el campo”.
Durante el primer día, expertos como Ana Glenda Tager, directora regional en Latinoamérica de Interpeace; Pedro San Ginés Aguilar, del Instituto de Paz de la Universidad de Granada, y Helen Mack Chang, de la fundación Mirna Mack (Guatemala), discutieron acerca de los inminente retos y desafíos que implica lograr una visión compartida de la paz.
Luis Fernando Chaparro, vicerrector académico de la UC, moderó un debate en este sentido, en el que participaron el mayor Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo en poder de las Farc por 12 años; Laura Noemí Lora, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la U. de Argentina; el profesor Jorge Duque Linares, de la fundación Actitud Positiva, y Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Durante este encuentro surgieron posturas críticas frente a los planteamientos sobre justicia y reparación de los acuerdos, que desde la perspectiva del mayor Mendieta, no cobijan a los militares que han sufrido en carne propia el rigor del conflicto, por ejemplo, aquellos que no son considerados como víctimas. “La nueva institucionalidad debe tener en cuenta a las víctimas directas e indirectas”, señaló.
También se abordó como una necesidad primordial para la reconstrucción del tejido social en todos los territorios, el que los adultos propicien la participación de los niños afectados por el conflicto en los procesos reparación y memoria, desde el arte, la ciencia y la educación.
La importancia de descubrir y cultivar los talentos de los niños en medio de un sistema educativo aún con grandes falencias de cara al contexto, y que aún estandariza los conocimientos y las habilidades que estos deben adquirir de acuerdo con las tendencias económicas mundiales, fue uno de los puntos en los que enfatizó el profesor y conferencista de Actitud Positiva.
Los retos de la educación superior
Varios de los frentes en los que deberán trabajar las universidades colombianas para aportar a la implementación, contribuir a dinamizar el desarrollo rural y reconstruir la institucionalidad, según Luis Fernando Chaparro, vicerrector académico de la UC, son:
- Implementar programas de formación en diferentes niveles (educación básica, media y superior), así como la formación del recurso humano capaz de desarrollar estos proyectos.
- Propiciar la investigación participativa, no solo académica, que busca comprender problemas sociales.
- Fortalecer la función de extensión y la promoción social para construir paz en los territorios.
Seguridad y convivencia ciudadana en el contexto posbélico
Durante el segundo día de encuentro, los ejes fundamentales de discusión para expertos como Mónica Mc.Williams, de Coalición por las Mujeres (Irlanda del Norte), y Graeme Simpson, de Interpeace (Sudáfrica), fueron los determinantes constitucionales, legales y políticos e institucionales que facilitarán la edificación de la paz, así como la reconfiguración de los conceptos de seguridad y convivencia en el contexto posbélico.
Arnaud Peral, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD), fue uno de los invitados para abordar este componente durante el foro. La gran preocupación de los habitantes de los cascos urbanos por la seguridad y la ausencia de fórmulas exactas de intervención ante el nuevo contexto, así como la necesidad de articular esfuerzos y crear espacios para el debate y la construcción de escenarios que permitan vislumbrar posibles soluciones fueron algunas de sus principales reflexiones.
¿Y la Paz territorial?
El conversatorio que abordó este componente tuvo como protagonistas a Freddy Coronado, estudiante unicentralista participante en el programa Manos a la Paz del PNUD; Amilkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, y Rubén Darío Cárdenas Ríos, bajo la moderación del profesor Enrique Bautista, director de Cursos de Contexto de la UC.
Tras su experiencia en el Caquetá con el programa Manos a la Paz, que busca apoyar procesos de construcción territorial mediante la ejecución de proyectos en diversas áreas, Freddy hizo énfasis en la necesidad de buscar un equilibrio entre las actividades extractivas y el bienestar de las comunidades, pues en muchos casos estas vulneran sus derechos e impiden su desarrollo. Los panelistas también se refirieron a la profunda brecha que separa el campo colombiano de la ciudad. Lea también Una mirada a Manos a la paz
“Se necesita un alineamiento de las instituciones departamentales, regionales y nacionales que incluya las diferentes visiones de los territorios, debe haber integración con la sociedad civil que se legitime a través de políticas públicas”, enfatizó Acosta. Esto favorecería la cohesión en una sociedad profundamente fragmentada, en la que no solo ha existido un conflicto armado, sino conflictos territoriales, de organización y gobernabilidad, económicos, étnicos y ambientales que requieren atención.
Para ello, resaltó el experto, “resulta esencial un enfoque diferencial y diferenciado en el momento de la implementación”, pues naturalmente habrá un exacerbamiento y un escalamiento de la conflictividad social a raíz de la firma de los acuerdos. Por eso, el reto es enorme y la infraestructura institucional no es suficiente.
Por otro lado, el profesor Rubén Cárdenas indicó que la educación debe flexibilizarse y tender a la formación en ‘capacidades blandas’, se deben trascender las economías primarias en los territorios y generar empleo capaz de dignificar a los excombatientes. Se debe repensar la educación y resignificar el papel de la escuela, llevar la Universidad al campo y dar impulso a la investigación como componente vital del desarrollo del país.
Para esto, como señaló Freddy Coronado, uno de los jóvenes que decidío ir a trabajar con las comunidades rurales, se necesita llevar la gran masa académica concentrada en las ciudades al campo y que iniciativas como esta se den de forma autónoma desde las Universidades y sean su aporte a la construcción de una paz real, que trascienda las mesas de debate, el papel y los discursos. Este evento fue organizado por la Universidad Central y la Policía Nacional, a través de la Unidad para la edificación de la paz.
